Exijamos a los candidatos confrontar ideas en uno de los temas torales de la agenda nacional donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y aun de competitividad.

No debe permitirse a los candidatos transitar al día de la elección con un discurso vacuo. Los ciudadanos hemos permitido que se nos trate como párvulos que reaccionan sólo ante estímulos visuales, percepciones subjetivas sobre la personalidad de candidatos, simbologías mercadotécnicas y frases prefabricadas en torno de lugares comunes. Nuestra aversión al conflicto es casi genética, como lo ha indicado recientemente Joaquín Villalobos en su brillante ensayo publicado por Nexos.

Pero el conflicto y la confrontación abierta son indispensables, en el marco de la ley, tanto para derrotar al crimen organizado como para avanzar con ideas tangibles hacia una democracia con resultados. Exijamos a los candidatos confrontar ideas, y entrar al debate público con argumentaciones coherentes. Sobre todo en uno de los temas torales de la agenda nacional, donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y climática, y aun de competitividad, empleo, inversión y desarrollo económico. Se trata de los subsidios a los energéticos.

Ya un candidato se ha pronunciado enfáticamente por mantener y acrecentar todos los subsidios, aunque no le cuadre la aritmética del gasto público y la recaudación... Allá él, pero es un avance. Tal vez eso le haga ganar la elección, junto con sus otras propuestas sugerentes (por decir lo menos) de construir refinerías que perderían dinero, hacer un solo gran monopolio en petróleo y electricidad, construir trenes bala, eliminar el IETU, y resucitar Luz y Fuerza para entregarla al SME.

Al pronunciarse sobre los subsidios, los candidatos deberán ensamblar una narrativa integrada, que seguramente complicaría sus estrategias de campaña, pero que sería indispensable para la funcionalidad adulta de nuestra democracia. Tendrían que advertirnos que somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles automotrices y que, en América, por ello nos equiparamos a Venezuela y a Ecuador. Deberán hablar de su monstruoso volumen, que entre gasolinas y diésel y electricidad supera en promedio 250,000 millones de pesos, lo que representa casi 7% del gasto público y supera 1.5% del PIB.

También de su obsceno costo de oportunidad; ya que estos subsidios rebasan en 20% al gasto total en educación; superan a los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; significan casi cinco veces el presupuesto de medio ambiente y agua, y sobrepasan a los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes, desarrollo social, marina y procuración de justicia.

Deberán decir que de mantenerse, en 10 años el gobierno se verá imposibilitado de pagar las pensiones (como lo ha indicado Carlos Urzúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM). Tendrían que revelar su injusto impacto social, en la medida en que, especialmente los subsidios a los combustibles automotrices, son apropiados en su gran mayoría por los deciles más altos de ingreso.

De hecho, deberán reconocer que cada narco-camioneta SUV de ocho cilindros (como las que seguramente utilizan) recibe un subsidio mensual promedio de 1,840 pesos, mientras que una familia muy pobre de cuatro integrantes recibe al mes apenas 1,480 pesos del Programa Oportunidades, de acuerdo con la misma fuente. Hablarían de los perversos efectos ambientales y climáticos de los subsidios, que al promover el derroche y la ineficiencia energética son el principal motor que hace crecer a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Nos harán ver la lógica obtusa de los subsidios en un país cuyas reservas probadas de petróleo disminuyen y que en algunos años se convertirá en importador neto de crudo. Ya sobre este aceitado carril argumentativo les pediremos que se pronuncien sobre qué hacer con los recursos liberados y también que opinen sobre un carbon tax a los combustibles automotrices, que llevaría sus precios a niveles como los que se observan en Brasil, en Perú y en países europeos (lo cual recaudaría unos 600,000 millones de pesos).

Esperaríamos que entonces propusieran bajar el ISR a empresas y personas físicas (digamos a 15 -20% máximo) y aumentar considerablemente el gasto en sectores estratégicos para combatir la pobreza y para la competitividad y el desarrollo económico sostenible del país. ¿O vamos a escuchar sólo ñoñerías engoladas los próximos meses?

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