Procampo, programa de subsidios que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), consume anualmente más de 16,000 millones de pesos que son obsequiados sin contraprestación alguna a los agricultores. Es un triunfo de la búsqueda de rentas como modus vivendi y del sobredimensionamiento político de grupos de interés. ¿Por qué se regala dinero a los agricultores? ¿Por qué no también a los obreros, amas de casa, albañiles, arquitectos, economistas o plomeros?

Los contribuyentes merecemos una respuesta. Sin embargo, algo más grave es que tal subvención colosal tiene consecuencias terriblemente destructivas para los ecosistemas y la biodiversidad. Como destacamos en nuestra columna anterior, Procampo condiciona la entrega de los subsidios a que las tierras de los beneficiarios se mantengan en explotación. Esto, en la práctica equivale a perpetuar su degradación impidiendo un proceso de restauración ecológica natural, especialmente en tierras marginales de temporal, como sucede en diversos países latinoamericanos gracias a la emigración de campesinos a las ciudades. Procampo es una utilización perversa de los recursos públicos. Al menos, la Sagarpa debiera eliminar tal condición de explotación, si es que se considera incapaz de recodificar o extinguir Procampo y resistir las presiones de sus clientelas (rent seekers).

Alguien podría defender a Procampo como instrumento justiciero y redistributivo. Se equivocaría. Aquí Procampo incurre en otra perversión, quizá peor que la anterior. En un universo de 1.8 millones de unidades campesinas de producción, los subsidios de Procampo representan cerca de 40% de sus ingresos totales.

Visto de otra forma, Procampo -en los hechos- sostiene económicamente actividades agrícolas de temporal de muy baja productividad. Aunque muchos lo nieguen o lo ignoren, el origen de la pobreza no es una supuesta distribución injusta del ingreso, sino la baja productividad de quienes son pobres. Por tanto, Procampo es un anclaje para la pobreza sempiterna que se reproduce y transmite intergeneracionalmente en el sector rural mexicano, contribuyendo a su rezago migratorio y socio-demográfico.

Las cifras del último censo están a la vista. Todavía, más de 22% de la población total de nuestro país en el 2010 habitaba en localidades rurales menores a 2,500 habitantes y, en términos absolutos, aún aumentó entre el 2000 y el 2010 a 24.8 millones de habitantes. En este decenio tendría que haberse reducido notablemente como prerrequisito de disminución efectiva de la pobreza.

El agravante es que en México la población rural se distribuye de manera territorialmente muy ineficiente y dispersa, ya que ocupa 76% del territorio nacional (OECD.2006. Rural Policy Reviews: México), aportando apenas 2% del Producto Interno Bruto. En buen castellano: mucha gente en el campo, poco productiva, con un impacto extensivo sobre el territorio y sus ecosistemas. Es claro cómo aquí se expresa una determinación tautológica de la pobreza extrema y, también, de la destrucción de los ecosistemas naturales, apuntalada por Procampo.

Esto nos contrasta con países desarrollados, que han completado su transición migratoria y donde la población rural que depende de la agricultura alcanza generalmente sólo algunos pocos puntos porcentuales del total. Los subsidios de Procampo (basados en superficies elegibles) impiden que los productores ineficientes simplemente abandonen esta agricultura -grillete de pobreza-, aunque no cubran ni siquiera sus costos fijos. En otras palabras, Procampo cubre las pérdidas de una agricultura en quiebra económica, social, demográfica y ecológica.

Por si fuera poco, los efectos distributivos de Procampo son también perversos. Dado que los subsidios se entregan por hectárea y por ciclo agrícola, son los grandes propietarios de tierras de riego quienes reciben los mayores beneficios por persona. De hecho, casi 30% de los recursos de Procampo se concentra en sólo 3% de los beneficiarios. Sus reglas de operación prevén que los subsidios por persona y ciclo agrícola alcancen hasta 100,000 pesos. Por ello, en el caso de tierras de riego con dos ciclos productivos, el subsidio (regalo) para una sola persona puede ascender a 200,000 pesos anuales aproximadamente (¡!). La superficie máxima elegible por persona física es de 100 hectáreas de riego o 200 de temporal y para sociedades mercantiles y civiles, 2,500 de riego y 5,000 de temporal.

De mantenerse, Procampo debiera no sólo eliminar la condición de explotación, sino (¡blasfemia!) promover la restauración ecológica y la emigración, educación y capacitación de campesinos para su inserción productiva en una nueva vida urbana.