El reciente episodio orquestado por la PGR para destruir políticamente a Anaya ha sido calificado como un reprobable “uso faccioso de las instituciones del Estado”. Revisando el diccionario de la Real Academia, el término faccioso se queda corto, pues su acepción es “perturbador de la quietud pública”.

Más bien lo que se ha hecho es un uso perverso de las instituciones para perjudicar a un contendiente con el fin de obtener una ventaja ilegítima. Aclaro, no defiendo a Anaya, pero es clara la intención del PRI-gobierno: asestarle un golpe a la reputación de un oponente político para marginarlo ilegalmente de la contienda y beneficiar así a su candidato.

La estrategia es realmente alevosa: utilizar a la institución de procuración de la justicia para este fin violando su propio código de actuación e inventando con celeridad acusaciones sin sustento jurídico. Está por verse si esta artimaña terminará beneficiando a Meade o más bien se le revertirá. Por lo pronto, el presidente Peña es un damnificado: la última medición de su aceptación es apenas de 20 por ciento.

Esta “guerra sucia” ha sido un distractor importante de los temas fundamentales que deberían tener las campañas. Pero hay una preocupación que va mucho más allá de la contienda y que se refiere a la vulnerabilidad que, como ciudadanos, sentimos ante la omnipotente fuerza autoritaria del Estado.

Tradicionalmente, los gobiernos del PRI han utilizado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como instrumento para ordenar “investigaciones y auditorías” a personas y/o empresas que les resultan inconvenientes por sus críticas y opiniones. Basta recordar las revelaciones recientes de Claudio X. González Jr a quien, por unas declaraciones que no gustaron al gobierno, le inventaron seis auditorías. Conozco algunos casos recientes donde sucedió lo mismo: auditorías a modo para amedrentar y acallar a opositores.

Lo grave ahora es que además del SAT, el gobierno echa mano de la PGR. Esto transmite un temor a cualquier ciudadano, ya que el día de mañana cualquiera puede estar sujeto a tal arbitrariedad. Es un claro síntoma de ausencia de Estado de Derecho. ¿Cómo nos podríamos defender? Si fuera una auditoría del SAT, dirían que para eso está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Pero, ¿hay confianza si ésta no es independiente y actúa como un brazo gubernamental? Peor si nos persigue la PGR, ¿podríamos confiar en la encargada de la procuración de justicia de manera imparcial y expedita si ésta se guía por intereses ajenos al bien público con fuertes antecedentes de ser corrupta?

Todo esto lleva a dos consideraciones: presionar por la fiscalía independiente e incentivar la formación de más organizaciones de la sociedad civil para apoyar estos casos y darle respaldo al ciudadano. Éstas podrían surgir dentro de las asociaciones de profesionales (abogados, contadores, economistas, etcétera).

Insisto: no es defender a Anaya, es buscar mecanismos de defensa para la sociedad ante la arbitrariedad y discrecionalidad del Estado.

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