Jesús Murillo Karam ha pasado de fiscal a perseguido. Y el magistrado Edgar Elías Azar, de impartidor de justicia a ser cuestionado. Y en una acusación cuya verosimilitud debe ser acreditada, ambos son mencionados como sujetos de una trama que habría beneficiado a uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo.

Forzado por la divulgación del litigio, en el San Antonio Express News, el ex procurador aceptó ser propietario del departamento PH 01, en la Torre Bermuda del conjunto Punta Mar, ubicado en Brisas del Marqués, en Acapulco, pero con su habitual raigambre rechazó que fuera una coima, quid pro quo, presuntamente entregado por un fondo de inversión estadounidense.

Murillo Karam quien nunca aceptó hacer pública su declaración de bienes relató que adquirió ese inmueble en el 2009 y que tres años después, terminó de pagarlo. Poco después comenzaría el pleito entre los tres inversionistas de Punta Mar, by Palmetto, y Clarion Partners.

Miguel Ángel Leyva Urquía, Salvador Río de la Loza Postigo y Ernesto Karam García llevan más de tres lustros asociados en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las zonas turísticas premium del Pacífico mexicano. En Acapulco, junto con otros socios, erigieron Punta Mar en un lote cedido por la inmobiliaria Quelra, que a su vez lo había adquirido de Fonatur. La inversión, por 150 millones de dólares, cubriría la construcción y comercialización de 240 apartamentos y penthouses, dentro de cuatro bloques. La quinta fase requeriría de 105 millones de dólares y se erigiría en un lote frente a la playa más valiosa del proyecto.

El fideicomiso de Punta Mar abrió el 3 de octubre del 2005 en Banca Mifel, institución que gestionó préstamos con Inbursa (7.6 millones de dólares) y Bancomer (10.6 millones de dólares). Para el desarrollo de la quinta fase del proyecto, los socios de Palmetto quisieron reclutar un socio de capital financiero. Y a principios del 2007 contrató a la firma texana Holliday Fenoglio Fowler para conseguirlo.

Entre los seleccionados estuvieron Clarion Partners, quienes enviaron a Onay Payne, recién graduada de Harvard y enviada a la filial mexicana de ese fondo de inversión por su dominio del español, que había aprendido en su natal Dallas, Texas. El jefe de esa legación era James Hendricks, quien a lo largo de tres décadas de transacciones inmobiliarias había concretado operaciones por más de 3 billones de dólares.

Era el verano del 2007. Hendricks puso en la mesa 20.6 millones de dólares, por 51% de Punta Mar. Y según los desarrolladores mexicanos, se trataba de una inversión y no de un préstamo. Pero no consiguieron un socio, sino un patrocinador financiero que después de tres años quiso recuperar su inversión. Palmetto cayó en impago y sufrió el embargo de 70 apartamentos.

La disputa por esas propiedades y la marca comercial Punta Mar llevaron a las partes a un litigio que hasta noviembre del 2012 se dirimió en juzgados civiles y mercantiles. El 5 de junio del 2013, BNY Mellon tomó posesión de 65 apartamentos que le habían sido transferidos por Clarion Partners en el invierno del 2011.

Tres meses después, Leyva fue retenido en el aeropuerto de Vancouver cuando trataba de tomar un vuelo a Estados Unidos, pero agentes del ICE se lo impidieron y lo emplazaron a regresar a México para atender los temas jurídicos que tenía pendientes. Al llegar al DF fue aprehendido por policías federales. Un mes después, Ernesto, quien se encontraba en San Antonio, Texas, fue deportado. Y Río de la Loza Postigo ya había sido arrestado en Miami, Florida.

Según los inversionistas de Palmetto, el abogado Ian Katz Mayo habría cooptado al ministerio público, quien dio como válidas la acusación de fraude, sin formular una investigación exhaustiva.

El debido proceso fue violado porque bajo la ley mexicana se requiere que el acusado sea notificado y tenga la oportunidad de dar testimonio y evidencia con respecto a las denuncias formuladas en su contra (...) Ninguno de los demandantes fue notificado de las acusaciones criminales encubiertas, falsas, contra ellos , se quejan en la querella formulada por los abogados de la firma Peña, Garcia & Guerrero, presentada en la Corte del Distrito Oeste de Texas, ubicado en San Antonio, donde quedó abierto el caso 5:15-cv-01116.

Cuando llegó a México, hace una década, Clarion Partners operaba como una subsidiaria de la firma danesa ING, pero desde el 2012 representa los intereses de más de 200 inversionistas. Entonces anunció un programa de inversiones que traería 1,000 millones de dólares a las playas mexicanas.

Empero, en este lapso, la oficina mexicana de esa firma neoyorquina acumula más diferendos con empresarios locales que proyectos exitosos. En el 2007, Clarion Partners invirtió en los resorts Punta Raza y Nahui-Tau en la Riviera Nayarita, pero el empresario jalisciense Héctor Cárdenas Curiel el desarrollador de ambos complejos turísticos no pudo concluir los proyectos. Y no obstante sendas demandas, logró evadir la acción de la justicia.

Agotadas esas vías, Payne decidió recurrir al gobierno de Barack Obama para que en apego al capítulo XI del Tratado de Libre Comercio que garantiza la prevalencia del Estado de Derecho en Canadá, EU y México convoque a un panel de arbitraje y resuelvan sobre las pérdidas ocasionadas por Cárdenas Curiel, que ahora acumulan 200 millones de dólares.

Los socios de Palmetto aludieron a Cárdenas Curiel y Tomasi Villamil para soportar sus alegatos contra los inversionistas. En los tres casos, destacaron, hay historias de cargos falsos, sobornos y extorsiones que finalizan con el despojo de sus resorts.