Los sistemas de pensiones no fondeados en el país representan una bomba de tiempo presupuestal que puede estallar en cualquier momento.

De hecho, la mecha de tal bomba de tiempo está a punto de acabarse.

A lo largo de la historia se han acumulado poco más de 100 distintos sistemas de pensiones que, en conjunto, representan una presión fiscal que equivale a 104% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2010.

Si se suma tal proporción a la deuda pública, el nivel de compromiso financiero colocaría a México entre los países que tienen problemas en su capacidad de pago.

La advertencia la hace el especialista en sistemas de pensiones, Pedro Vázquez Colmenares.

El problema es de urgente solución, advierte, pues hoy día está a cargo de los contribuyentes, en general, un monto que ronda los 400,000 millones de pesos para el pago de pensiones de ese conjunto de sistemas de pensiones no fondeados, que tendrán que cubrirse al cierre de este 2012. La presión va en aumento, pues tal gasto alcanzará los 500,000 millones de pesos para el próximo 2013 y ascenderá a 1 billón de pesos para el 2018.

El gobierno dio un enorme paso al resolver la problemática de los sistemas de pensiones de los trabajadores que cotizan en el IMSS e ISSSTE.

Sin embargo, está pendiente el conjunto de sistemas de pensiones de paraestatales -entre las que destaca Petróleos Mexicanos, que al 31 de diciembre del 2010 acumula pasivos por 730,000 millones de pesos de obligaciones laborales-, gobiernos de los estados de la República, universidades y otras instituciones.

De hecho, una importante calificadora ya advirtió que antes del 2018, un total de 12 estados de la República Mexicana no tendrán para pagar las pensiones de sus trabajadores.

El problema del envejecimiento de la población mexicana no es menor si se considera que sólo 40% de la población está cubierta y el resto, 60%, no tiene protección para su vejez.

Además, la mayoría de los sistemas de pensiones no está fondeada y se está cubriendo con recursos del presupuesto federal.

Tal carga para los contribuyentes hacia el cierre del 2012 alcanzará los 400,000 millones de pesos.

Si se divide el presupuesto federal entre los 365 días, el resultado es que se gastan 10 pesos para el pago de pensiones por día.

En cambio, en educación se pagan sólo 6 pesos; en salud, 3 pesos; en desarrollo social, 2 pesos, y en seguridad pública, 1 peso.

La presión presupuestal hoy día es muy significativa.

Y esa presión, si no se atiende y resuelve, subirá a 500,000 millones de pesos para el cierre del 2013 y a 1 billón de pesos para el 2018.

Para el especialista, es necesario avanzar hacia la universalización del sistema de seguridad social y resolver la presión de los sistemas de pensiones desordenados.

Se requiere avanzar en la creación de un nuevo marco jurídico basado en derechos universales y no sólo en relaciones formales de trabajo.

Lo ideal sería que se promulgue en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la obligación de que todos los sistemas de pensiones cuenten con fuentes de financiamiento que les permitan fondear el pago a quienes se jubilan.

Adicionalmente, debería disponerse una revisión periódica de la edad de jubilación, que a la fecha es a los 65 años.

La alerta está encendida y sobre advertencia no hay engaño. Más vale que el próximo Presidente de la República, quienquiera que sea, tenga plena conciencia de esta descomunal presión presupuestal y proponga y realice soluciones viables.

Es muy fácil ofrecer pensiones para todos, lo difícil es contar con sistemas de pensiones que tengan fuentes de financiamiento sustentables. Al tiempo.

CUENTOS VERAS

La Coparmex el más poderoso sindicato patronal del país, que encabeza Alberto Espinosa, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, presentó una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación a su derecho a la libertad de expresión. La Coparmex no quita el dedo del renglón y exige su derecho a contratar espacios de radio y televisión antes de que se celebre las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. Acusa que la reforma electoral del 2007 y la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alejan la construcción de una democracia más participativa.

Twitter: @marco_mares

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