En la definición de la regulación a las empresas dedicadas a la subcontratación, el Senado de la República llevaba mano, aunque en San Lázaro los priistas —a través del líder de la CROC, Isaías González Cuevas— presentaron una iniciativa, alternativa que sustentó justo hace tres meses el senador morenista, Napoleón ­Gómez Urrutia.

Apenas si quedaban dos semanas al primer periodo de sesiones del segundo año de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. La ratificación del T-MEC estaba en ciernes y la speaker democráta, Nancy Pelosi, había condicionado el respaldo de la minoría en el Senado estadounidense del nuevo tratado comercial a un cambio radical en la esfera laboral mexicana.

La irrupción de inspectores laborales era uno de los puntos álgidos. Y el 5 de diciembre del 2019, tras de que la iniciativa de Gómez Urrutia fuera remitida al dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos II, la presidenta de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, convocó a un ejercicio de Parlamento Abierto, lo que obligaba a detener los dictámenes de la iniciativa presentada por el dirigente nacional de los mineros.

Las vacaciones decembrinas forzaron a programar dichos foros a partir de la segunda semana del 2020. El 28 de enero, dos días antes del arranque del segundo periodo ordinario de sesiones, los senadores de la mayoría oficialista acudieron al Palacio Nacional para definir las prioridades de la agenda legislativa. La nueva regulación sobre el uso del cannabis y el nuevo marco legal sobre el outsourcing no eran asuntos de urgente y obvia resolución.

Apenas si se reanudaron los trabajos legislativos, ­Gómez Urrutia solicitó a la mesa directiva abrir la discusión en el pleno, luego de que los legisladores de ambas comisiones hubieran concluido sus deliberaciones, desde diciembre. En respuesta, los integrantes de ese órgano remitieron un oficio para regresarles el dictamen propuesto. Hasta que concluyeran los debates con los expertos se retomaría el proceso legislativo.

En el Parlamento Abierto, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal Ávila, ofreció a los dirigentes de la oposición y a los representantes de la IP establecer una mesa de alto nivel, para conocer sus objeciones a la ley Napo y procesar sus propuestas. En la instalación de ese mecanismo participaron –además de los coordinadores de los grupos parlamentarios–, las secretarias de Gobernación y STPS, los directores del IMSS y del Infonavit y el titular de la UIF-SHCP.

Mientras Monreal Ávila trataba de construir un consenso con empresarios, sindicalistas y líderes opositores, un grupo de parlamentarios morenistas —entre los que se cuentan Citlalli Hernández, Martí Batres y Germán Martínez— decidió irse por la libre y respaldar la intentona de Gómez Urrutia y la presidenta de la comisión de Estudios Legislativos II, Ana Lilia Rivera, de enlistar el multicitado dictamen.

En Palacio Nacional privilegiaron el consenso. Y Monreal encargó la conducción de la mesa de alto nivel a Eduardo Ramírez Aguilar, quien a finales de la semana pasada reportó avances importantes y adelantó modificaciones al dictamen.

Pero esta minoría parlamentaria tiene otro cronograma. Y desde la semana pasada, han exigido llevar ese dictamen a la votación del pleno. La última intentona ocurrió apenas el pasado miércoles 4, cuando por Oficialía de Partes —y no a la oficina de Fernández Balboa— llegó un  emplazamiento para que concluyera el trámite, firmado por Rivera Rivera y Gómez Urrutia.

El asunto no apareció ayer enlistado en la Gaceta Parlamentaria. Los morenistas desobendientes se quejarían de maltratos (aunque el dictamen regresó a comisiones —con el acuerdo de Gómez Urrutia—, insisten en que no hay lugar a las modificaciones), pero el supuesto espionaje a la bancada panista cambió la ruta de la confrontación.

Efectos secundarios

¿REBELDÍA? La presidenta del Consejo Nacional de ­Morena, Bertha Luján, recurrió a las redes sociales para respaldar el recurso interpuesto por el líder interino del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, ante el Tribunal Electoral, que busca precisar los alcances de la sentencia que mandata a la elección de la nueva dirigencia partidista por el método de encuesta. El fallo de los magistrados —sostiene— contiene “contradicciones y problemas”. ¡Órale!

EUREKA. En un procedimiento fast track, la alcaldesa panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, propuso la restauración de las 72,000 luminarias instaladas en la capital hidrocálida. Y tras de una convocatoria restringida, asignó el contrato a MD Iluminación Nacional, quien cobrará 908 millones de pesos, gestionados por la alcaldesa a través de un préstamo pagadero durante los próximos 10 años. La regidora priista Citlalli Rodríguez votó en contra de esa asignación y después de revisar los precios de mercado, descubrió un sobreprecio ¡de 300%! en el costo de las lámparas SolaBasic.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.