¿Impunidad, sinónimo de impunidad? El eco que resonó con fuerza en los comicios del año pasado amenaza con ser estruendoso, en la batalla para renovar la gubernatura del Estado de México dentro de 82 días.

Dentro de dos semanas arrancarán las campañas. Mientras, al pleno del Congreso mexiquense llegó un paquete de reformas propuesto por la fracción panista, que entre otros objetivos, busca modificar la Ley de Extinción de Dominio para aplicar esa disposición contra servidores públicos propietarios de bienes inmuebles o muebles producto de actos de corrupción o enriquecimiento ilícito. Y también, eliminar la figura del fuero de la Carta Magna.

La homologación del marco legal es procedente por la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, según María Fernanda Rivera. Y la eliminación de los privilegios para la clase política es una demanda popular con carácter improrrogable.

No fallemos a nuestros representados, eliminemos el fuero que es interpretado por la opinión pública como un permiso para delinquir o pasar por encima de la ley , subrayó la legisladora naucalpense, quien preside la Comisión de Combate a la Corrupción y sostiene que la única forma de que los mexiquenses recuperen la confianza en sus autoridades es mediante la eliminación de este privilegio.

La eliminación del fuero, ¿de la periferia al Centro? En julio del año pasado, a propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto, el Congreso de Jalisco decretó la desaparición del fuero constitucional. El Pacto por México, signado por los dirigentes de las principales fuerzas políticas hace cuatro años, contempló una revisión global de los fueros. Pero aún está pendiente la definición, en el ámbito federal, de los mecanismos de revocación de mandato.

Dos meses después, sendas iniciativas fueron tramitadas en el Congreso de Baja California para eliminar la declaración de procedencia para los servidores públicos, tanto en la Constitución local como en la normatividad secundaria.

Se trata (dice el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales) de recoger las demandas ciudadanas para transformar un modelo de protección a los servidores públicos que evite abusos y desconozca privilegios frente a los derechos de cualquier ciudadano .

El voto unánime de los diputados bajacalifornianos concedió a los jueces decretar la separación del cargo de aquellos funcionarios electos por el voto popular, con la notificación a vinculación a proceso, siempre y cuando se trate de delitos catalogados como graves.

Hace dos semanas, Karina Gidi Blanchet y el académico Ernesto Villanueva comparecieron públicamente para emplazar al Congreso de Veracruz a dictaminar una reforma política que incluya mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana en la Constitución local.

A nombre de la Organización Nacional Anticorrupción, insistieron en la inclusión de la figura de revocación de mandato para que la sociedad pueda destituir al gobernador, funcionarios de gobierno, alcaldes y diputados locales antes de que concluyan su mandato, cuando a juicio de ésta hayan perdido la confianza popular para continuar en su gestión . Y también en la eliminación del fuero constitucional a todos los servidores públicos de Veracruz.

¿Cómo llevamos a la práctica aquello de la soberanía popular si no podemos despedir a los traidores e ineptos de entre todos estos servidores públicos , definió el fundador de ONE, encabezada por Carlos Emilio Gidi Blanchet, en una mensaje en Youtube después de activar un sistema de recolección de firmas a través de las redes sociales Twitter y Facebook que a su juicio ha sido subutilizado. Después de tanto pinche esfuerzo y gasto, hoy tenemos solo 611 firmas , se quejaba el fundador de ONE, hace tres días, no se puede ayudar a un pueblo así de apático . Al cierre de este espacio, se habían acumulado 835 respaldos.

EFECTOS SECUNDARIOS

RAMALAZOS. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral declararon improcedente la solicitud de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta para atraer la querella contra el proceso sancionatorio que dejó al político poblano al margen de la coordinación del PRD en el Senado y de su afiliación partidista. Ni la afectación grave y permanente a la fracción parlamentaria ni el resto de las razones esgrimidas, consideraron los juzgadores, resulta suficiente para omitir los principios de definitividad y de autodeterminación en la resolución de los conflictos internos de un partido. El próximo jueves 16 se agotaría el plazo para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva sobre el caso. Pero Barbosa anunciará su decisión de separarse de las filas del sol azteca en breve y junto con otros 15 colegas podrían dejar al PRD sin grupo parlamentario.

EN JAQUE. A seis meses de la unción de Carlos Joaquín González y la frialdad en el trato entre el peñismo y el gobierno de Quintana Roo es evidente. Las propuestas del Ejecutivo estatal para ocupar delegaciones federales han sido olímpicamente ignoradas por los titulares de las dependencias y organismos desconcentrados. Eso se resuelve en Bucareli , le han dicho en todos los tonos.