La pandemia del Covid-19 ha hecho que nos cuestionemos ¿por qué el gobierno federal hace muy poco para salir adelante? Todas las naciones están preocupadas y más que nada, ocupadas en atender tanto la emergencia de salubridad como la económica que tenemos y que podría extenderse en los próximos años; pero México ha sido señalado por actuar tarde, tomar decisiones erráticas, y, sobre todo, por la falta de transparencia.

Además, esta pandemia toma a México en una muy mala condición de salud. Así como el coronavirus afecta gravemente a quienes tienen condiciones crónicas, nuestro país viene de un 2019 con dificultad para respirar, debido a las terribles decisiones que se tomaron: criminalización de los empresarios, inversión pública a proyectos de dudosa rentabilidad, eliminación de programas para emprendedores y turismo, y recientemente la cancelación de una obra privada multimillonaria en Mexicali, lo que aumentó la incertidumbre y la desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Ya en el 2020, a raíz de esta pandemia y de la caída del precio del petróleo, especialistas empezaron a proyectar caídas importantes en el PIB nacional, y finalmente, Hacienda dejó por sentado que la economía de nuestro país se podría contraer hasta 4% este año. Las calificadoras internacionales tampoco esperaron, y comenzaron a recortar las notas crediticias tanto de México como de Pemex; apenas el viernes pasado, Fitch Ratings recortó una vez más la perspectiva de la paraestatal al grado especulativo de inversión, mejor conocido como bono basura.

Pero para mí, lo más alarmante continúa siendo la constante falta de transparencia sobre las acciones que la administración ha emprendido para combatir esta contingencia, empezando con la extinción inmediata de los fideicomisos públicos de carácter federal. Al emitir ese decreto, el presidente López Obrador aseguró que los recursos provenientes de dichos fondos se utilizarían para las ampliaciones de gasto que se necesitan para combatir esta emergencia sanitaria; sin embargo, el decreto no lo establece con claridad, ya que no se especifica hacia dónde irán estos recursos, cuáles serán las reglas de operación para acceder a ellos, ni cuáles serán los fideicomisos que efectivamente desaparecerán.

Tampoco ha habido transparencia sobre el monto de recursos disponibles en los distintos fondos federales existentes para combatir crisis de salud, ¿dónde están los 40,000 millones de pesos aprobados en el 2020 para el Insabi? Por esta razón, nuestro Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo donde exhortamos a las secretarías de Salud, de Hacienda y de Función Pública a que hagan pública la información que necesitamos los legisladores para evaluar, revisar y apoyar las acciones emprendidas respecto a la pandemia del Covid-19; específicamente, la relativa a los montos de recursos disponibles y a los montos ejercidos en la compra de medicamentos e instrumentos hospitalarios. ¡Es urgente asegurar que todo hospital en el país cuente con lo necesario para proteger a la ciudadanía y proteger a nuestro personal médico!

La base de la confianza ciudadana radica en la transparencia con la que se actúa. El gobierno no puede pedirles a los ciudadanos que confíen en él si no está dispuesto a hablarles con la verdad. Como diputada federal he insistido que la transparencia debe ser el eje rector de la administración pública, especialmente en estos momentos tan difíciles para nuestro país, ya que sin transparencia siempre habrá crisis.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.