Aparte de la retórica, no hay en la administración actual ni siquiera indicios de una política oficial para combatir la venalidad y la rapacidad...

Cuando me enteré de que la lucha contra la corrupción era la principal bandera que enarbolaba Andrés Manuel López Obrador como candidato de oposición, me pareció una idea alentadora. Hasta llegué a acariciar la esperanza de una mejoría en ese frente. Pero, por desgracia, hace bastante que me abandonó esa ilusión. Y no por causa mía.

En realidad, la lucha contra la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación parece un mero membrete. No hay prueba alguna de avances y logros en esa materia. Aparte de la retórica hueca, no hay en la administración actual ni siquiera indicios de una política oficial para combatir la venalidad y la rapacidad que han sido endémicas en la clase política de México. No existe el órgano operativo encargado de esa función, no se tiene designado a un responsable con su consiguiente equipo de trabajo, ni se conocen los pormenores de la estrategia correspondiente.

Además, abundan casos ilustrativos de la inexistencia de esa estrategia. Uno de ellos, es el ejemplo del huachicol o el robo de combustibles que padece Pemex. Hasta el momento, no se ha anunciado el desmembramiento y captura de una sola banda de los huachicoleros que ordeñan a la empresa estatal. ¿Acaso los combustibles se roban solos, sin la intervención de delincuentes y sus cómplices? El saqueo de petrolíferos sigue sin freno, y en Petróleos Mexicanos y en el gobierno lo saben perfectamente.

Otro indicio muy desfavorable es la inclusión en el círculo cercano al presidente de figuras destacadas de la corrupción del pasado. Los líderes sindicales Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia saquearon descaradamente a sus gremios. En la cuenta personal del canciller Marcelo Ebrard está el escándalo de la línea 12 del Metro capitalino. Manuel Bartlett fue el artífice del gran fraude electoral de 1988 y ya se destapó un clamor por su patrimonio inmobiliario.

Una de las fuentes tradicionales de latrocinio se ha dado mediante la asignación por dedazo de los contratos para la obra pública. Al respecto, es ampliamente sabido que esa práctica ha reflorecido con vigor en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No es lo mismo la lucha contra la corrupción, que perseguir a funcionarios corruptos de administraciones anteriores. Y al decir eso, no tratamos de sugerir que Emilio Lozoya Austin sea inocente de los cargos que se le imputan. Pero es claro que el principal móvil de esa persecución es del orden político, con vistas a las elecciones del 2021.

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Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico