El plan de vuelo para que Mexicana de Aviación reinicie operaciones está muy claro.

Primero tiene que salir de la situación de insolvencia que la mantiene en concurso mercantil.

Y para que eso ocurra, los inversionistas asociados alrededor de Med Atlántica tienen que capitalizar a la compañía; es decir, tienen que inyectar los 300 millones de dólares que públicamente han declarado que destinarán a la reestructura de la aerolínea.

La capitalización o la mayor parte de la inyección de capital tiene que destinarse al pago de acreedores, de las liquidaciones de los trabajadores en primer lugar.

Y entonces, y sólo entonces, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Dionisio Pérez Jácome, podrá constatar las cuatro capacidades que exige: técnica, operativa, administrativa y económica.

Una vez superado este trámite, la SCT entregaría el Certificado de Operación Aérea (AOC), con el que oficialmente Mexicana podría retomar el vuelo.

Ésa es la ruta, que han repetido hasta el cansancio el titular de la SCT, el subsecretario del Transporte, Felipe Duarte y el director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel.

Y hasta el momento, pese al anuncio público de que Med Atlántica sí acreditó la disponibilidad y licitud de los recursos ante el juez Felipe Consuelo, éste todavía no lo comunica oficialmente al administrador conciliador y a los sindicatos y tampoco se ha iniciado formalmente la reestructura de la deuda de la aerolínea. Así, de manera contundente, lo afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El subsecretario de Transporte, Felipe Duarte, asegura que simple y sencillamente no se ha demostrado la existencia del capital; que hasta el momento sólo existe la palabra del Juez quien asegura que él sí lo tiene acreditado.

Juzgador ¿parcial?

A pesar de que el plan de vuelo está muy claro y no está sujeto a interpretaciones porque se basa en el marco legal en vigor, los actores protagónicos del concurso mercantil: el juez Felipe Consuelo y el conciliador y administrador de Mexicana de Aviación, Gerardo Badín, han hecho todo lo posible por seguir un plan distinto.

En ese afán, Mexicana lleva meses sin poder abandonar la zona de hangares.

El juzgador Consuelo se ha alejado del terreno de la imparcialidad y actúa prácticamente como defensor del inversionista Christian Cadenas.

En los últimos meses, el Juez ha enfrentado con acusaciones tan serias como graves a las autoridades del sector.

Ha dicho que en la SCT hay funcionarios que obstaculizan la posibilidad de que Mexicana de Aviación retome el vuelo porque no le conviene al resto de las empresas aéreas.

También ha aseverado que funcionarios de la dependencia han amenazado a los inversionistas para que desistan de participar en el proceso de reestructura.

Incluso ha llegado al extremo de pedir públicamente a las autoridades que no revelen el nombre de los inversionistas y hasta ha evitado dárselos a conocer, dizque para que no se filtren a la prensa y se caiga otra posibilidad, como presuntamente ya ocurrió con alguna otra. Luego, en coordinación con el inversionista y dirigentes sindicales, ha acusado que las autoridades no están ayudando a que Mexicana retome el vuelo.

Consuelo, como Cadenas, considera que la SCT debe dar un Certificado de Operación Aérea condicionado.

Cadenas todo el tiempo ha insistido en que primero le entreguen el AOC para poder llevar a cabo el convenio de concurso mercantil.

El mismo argumento lo repite el juzgador.

Felipe Consuelo, en el extremo del simplismo afirma que el viernes pasado no entregó la documentación probatoria del capital de Med Atlántica a la SCT porque nadie se la pidió y confiaron en su palabra.

Sin embargo –advierte-, ahora ya no confían en mi palabra y emiten comunicados que no ayudan a la confianza de los inversionistas.

Lo cierto es que resulta muy extraño que un Juez, cuya imparcialidad debiera ser la premisa de sus actuaciones, se coloque del lado del inversionista e intente obligar a los representantes del gobierno federal a que violen la ley para dar la máxima confianza a los capitalistas.

El gobierno mexicano ha expresado públicamente que dará todas las garantías a los inversionistas y los funcionarios están en la obligación de respetar y hacer respetar las leyes.

CUENTOS VERAS

Un 56% de avance observa a un año de su lanzamiento el Acuerdo Nacional por el Turismo. Se trata de una iniciativa audaz que lanzó la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, y que está resultando exitosa. El tema no es menor, considerando la marcada división que históricamente ha prevalecido entre los operadores del sector turístico nacional. La Secretaria de Turismo, proveniente del sector privado, está mostrando mucho más dotes políticos que otros funcionarios que, simple y sencillamente, prefieren no mover las cosas para no enfrentar las presiones sectoriales.

Twitter: @marco_mares

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