Es un nuevo capítulo de la prolongada guerra postal.

Ha sido una larga confrontación entre las empresas de paquetería mexicanas y las internacionales por un mercado que alcanzó una cifra de 13,000 millones de dólares en el año 2008.

Se registra en el contexto de un prolongado compás de tiempo: 16 años. Poco más de tres lustros en los que el gobierno mexicano no ha sido capaz de emitir el reglamento de paquetería y mensajería.

Las presiones de las empresas internacionales para que se abra el mercado mexicano no cesan y aumentan cada vez que se registra algún intento del gobierno mexicano por emitir el reglamento. Las principales promotoras en favor de la apertura son: DHL, UPS y FedEx, que dirigen Luis Eraña, Griselda Hernández y Roby Browe, respectivamente.

El riesgo -aseguran las compañías mexicanas- es que en México se reproduzca el esquema duopólico que mantienen en Estados Unidos las empresas –que operan también aquí- UPS y FedEx, esta última junto con DHL. Las empresas mexicanas están representadas por la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería AC (AMMPAC), que preside Manuel Armendáriz.

En México, denuncian una estrategia de comunicación por parte de las empresas extranjeras y sus cabilderos, la cual pretende confundir a las autoridades y a la opinión pública para obtener un resultado en su favor. De hecho, desde hace tiempo, esa Asociación, la Canacar -presidida por Juan Carlos González- y la Canapat, -de Cuauhtémoc Martínez- han hecho un frente común contra las extranjeras.

Afirman que algunas empresas de mensajería y paquetería estadounidenses y organizaciones de consultoría pretenden confundir el tema del reglamento de mensajería y paquetería para permitir la simulación de actividades propias del servicio de carga terrestre doméstica, reservada por las leyes, para mexicanos.

E incluso sugieren o recomiendan la simulación como una opción para realizar actividades de carga que están prohibidas a empresas de capital extranjero.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Juan Molinar, expedirá un reglamento de mensajería y paquetería, en consideración al artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Y las empresas nacionales de paquetería piden que se expida con base en las disposiciones prevalecientes de la ley. Las agrupaciones de las empresas de capital mexicano se pronuncian por la expedición del reglamento, de modo que no contravenga el orden constitucional.

Piden que el reglamento distinga el servicio de carga del de mensajería y paquetería y respete las normas de la Unión Postal Universal sobre peso y dimensiones, así como para que los paquetes estén debidamente envueltos y rotulados.

Las empresas nacionales recuerdan que la legislación canadiense como la de EU -y resto del mundo- reconocen y regulan la mensajería y paquetería, a pesar de lo que se intenta informar en México, de que esta actividad sólo está acotada en el país. La diferencia -dicen- radica en que las empresas estadounidenses pretenden dar una connotación diferente, ya que desean realizar el servicio de carga doméstica, actividad reservada por el TLCAN única y exclusivamente para mexicanos.

Advierten que la carga doméstica de cabotaje se encuentra reservada también para los nacionales en países extranjeros. Es por ello que resulta inverosímil el que empresas estadounidenses pretendan realizar cabotaje en México cuando en sus naciones de origen el servicio lo tienen reservado para sus nacionales. Las contrariadas empresas nacionales apuntan dos disposiciones: una de Estados Unidos y otra del TLC. En el párrafo 2, Título 49 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos (US Code of Federal Regulations), se reserva a ciudadanos y a empresas de capital estadounidense la actividad del autotransporte de carga terrestre y expresamente prohíbe esa actividad a nacionales de países contiguos y expresamente alude a México.

En el párrafo 10, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que cuando una de las partes no cumpla con medidas acordadas (como es el caso del autotransporte transfronterizo de carga en que Estados Unidos incumplió los compromisos del TLCAN), la parte afectada puede adoptar medidas de represalia y agrega que esa parte debe considerar, en primer lugar, medidas en el mismo sector afectado por el incumplimiento.

Así están las cosas.

CUENTOS VERAS

Congruente y natural la condena generalizada del sector privado a la delincuencia organizada, luego de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. Mi solidaridad para la familia del destacado político.