La idea de la transformación lopezobradorista como etapa histórica equivalente a la revolución mexicana o a la independencia era hilarante en 2018. Hoy, dos años después, ya no lo es tanto. Al menos yo ya no me río. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha sido capaz de delinear algo estructuralmente distinto con miras a la hegemonía que permita mantener un nuevo México por un largo período. Los cambios institucionales de los que hemos sido testigos dan cuenta de ello, a pesar de la interrupción que significó la epidemia en 2020.

Empiezo por los cambios formales pero no me detengo mucho en estos. Los formales, es decir, los que incluyen modificaciones al marco normativo, le han abierto una puerta al ejército para diversificar su presencia en la vida pública mexicana. La creación de la Guardia Nacional, la desaparición del Estado Mayor y las atribuciones que se le han dado al Ejército nos dan algunos indicios. 

En la misma habitación de cambios formales están el freno al camino educativo que se había trazado con una reforma incompleta y la ampliación de facultades al Estado para detener a un individuo y guardarlo en la sombra antes de que sea declarado culpable. Eso y no otra cosa significa la ampliación del catálogo de delitos graves. Eso cambia la relación del Estado con los ciudadanos, lo mismo que el fortalecimiento de las atribuciones del Sistema de Administración Tributaria y, especialmente, el de la ahora todopoderosa Unidad de Inteligencia Financiera. No las vean como medidas independientes; tienen la intención de quitarle fuerza a los gandallas, pero ambas cambian la relación de los mexicanos todos con estas autoridades ejecutivas.

Los cambios normativos han sido importantes. No omito la centralización en materia de salud, la concentración del papel de desarrollo social en el lopezobradorismo en demérito de instancias territoriales o la recuperación con pérdidas del papel productor del Estado, pero quizá lo más radical ha sido el cambio en las reglas no escritas del sistema. 

No predica con el ejemplo el Presidente al sostener que “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Tiene razón, sí, cuando dice que él no hace más que cumplir la ley. Eso es verdad. La ley se cumple. Pero al margen de la ley se están generando relaciones intergubernamentales distintas, nuevos equilibrios entre poderes fácticos y subordinaciones tácitas que nada tienen que ver con lo que dice la Constitución y marcan las leyes. 

Por ejemplo, la relación con los gobiernos estatales está transitando a otro jardín. El anterior era clientelar. El actual es de subordinación autoritaria, concentración de facultades y centralización presupuestal. 

La relación con Estados Unidos como poder fáctico, con el Ejército y con el crimen organizado también pasa por una transformación evidente. No juzguemos hoy. Sólo reconozcamos el hecho, pongámoslo sobre la mesa. 

Esto no es menor. Les recuerdo que el régimen de partido hegemónico, después dominante, reinaba sobre un entramado de reglas no escritas en el sistema. Subordinación transversal al presidente en turno, reconocimiento al derecho de dedo en el partido, aceptación de las facultades metaconstitucionales del mandamás del momento, autocensura y reforzamiento de valores perversos sin necesidad de que el omnipotente interviniera. 

El 2020, con todo y la pandemia, ha sido un año de transformaciones y refuerzos a un nuevo régimen. No, no es igual al priísmo que nos dejó la revolución, no tiene los mismos códigos, pero también avanza a pasos agigantados en la construcción de facultades metaconstitucionales y actitudes políticas que no requieren de cambios normativos para instalarse.  

Esas son duraderas, y por eso son más peligrosas, pero ese ya es tema para otro artículo. 

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

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