Uno de los efectos de los problemas de seguridad en el país es la cantidad de medidas, algunas absurdas y otras inútiles, que diversas instituciones han instrumentado para mantenernos seguros. Una de estas medidas es el requisito establecido en todo edificio, para identificarse y registrarse, trámite que implica un costo, tanto para quien instrumenta la medida como para quien tiene que cumplir con ella y que, viéndolo a fondo, no sirve para maldita la cosa. Quien ingrese con motivos oscuros a un edificio podrá realizar cualquier acto dentro y salir sin ningún problema a disfrutar el resultado de sus actos, sin que nadie lo moleste en el futuro.

No se les ha ocurrido, por ejemplo, instalar cámaras de circuito cerrado, con un gafete de ingreso con chip electrónico, que registraría inmediatamente a la persona que ingresa, asociándola con una imagen y un nombre, para en caso de existir alguna sospecha por algún acto en contra de la institución, el edificio o sus ocupantes, se pueda proceder con información de primera mano. Esto se puede complementar con un detector de metales o una máquina que revise maletines o portafolios para asegurar que no ingresa material peligroso. Estas medidas significan, claro está, un costo.

Ahora que padecemos los efectos de los excesos fiscales en Europa y que la banca pasa por problemas por realizar operaciones sin poner la debida atención a algunos detalles, la autoridad en el mundo ha elevado las medidas reglamentarias para cubrir algunas eventualidades y obliga a las instituciones financieras a crear reservas, dependiendo de ciertas operaciones y su calificación de riesgo. Si bien ésta es una medida que se antoja oportuna y acertada, el problema es los excesos que tienden a generarse cuando se aplican reglas generales, lo que elevará los costos para las instituciones financieras. Si vemos lo que sucede en los aeropuertos con las medidas de seguridad, podremos constatar que también se trata de operativos costosos que los cubren los operadores de los aeropuertos, pero que son trasladados a las aerolíneas usuarias de los mismos, que a su vez los trasladan a los consumidores finales de servicios de viaje. En los casos mencionados y, en general, los costos de la seguridad son pagados en última instancia por los consumidores. Es tiempo de pensar en otro esquema.

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