El presidente Peña Nieto inicia su tercer año de gobierno con una crisis política que impacta negativamente la credibilidad y la confianza en la gestión gubernamental. A su gobierno le urge construir soluciones. De las 10 acciones para mejorar la seguridad y la justicia, destaco la creación obligatoria de policías estatales únicas y la Estrategia de Desarrollo para Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En el caso de las policías estatales únicas, es fundamental evaluar las condiciones particulares de cada estado, de acuerdo con el nivel de población de sus municipios y su mapa de riesgos; Iguala no es Monterrey ni tampoco San Juan Bautista Coixtlahuaca en la Mixteca oaxaqueña.

En cuanto a la estrategia integral de los estados sureños, el criterio de no considerar igual a los desiguales es una decisión muy acertada que abre enormes posibilidades para esta región que sufre las graves consecuencias de la desigualdad y la marginación

No podemos soslayar que la falta de credibilidad, reflejada en las últimas encuestas, es una valoración resultado de la percepción ciudadana sobre la corrupción e impunidad en la gestión gubernamental. Al respecto, Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 que incluye 175 países y que pone de manifiesto cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio. México obtuvo una calificación reprobatoria de 35 puntos que lo ubican en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger. Respecto de los países que integran la OCDE, nuestro país ocupa la última posición.

Por ello, además de las 10 acciones, fortalecerían la propuesta presidencial, medidas concretas y más inmediatas, como la conclusión jurídica definitiva del terrible caso de Iguala con el fincamiento de responsabilidades a quienes por omisión o abierta complicidad no actuaron a tiempo para evitar la tragedia.

Generaría mucha confianza hacer obligatoria la licitación de las adquisiciones de bienes y servicios y la contratación de toda obra pública, eliminando la discrecionalidad y el amiguismo. También, que la declaración patrimonial de servidores públicos fuera imperativamente pública, empezando de inmediato.

De cara a las elecciones del 2015, hay que obligar a partidos políticos para que se hagan responsables jurídicamente de sus candidatos y candidatas y evalúen su prestigio profesional y el origen y evolución de su patrimonio.

En fin, construir soluciones de corto y mediano plazo que combatan a fondo y en serio vicios y atavismos para recuperar la confianza y credibilidad ciudadana y permitan relanzar el proyecto de nación del presidente Peña Nieto.