Extrañas cosas ocurren hoy en día que hacen que la Secretaría de Gobernación se involucre en asuntos de telecomunicaciones y cite a comisionados del IFT en sus oficinas, para echar para atrás resoluciones relevantes. La relación con el IFT la está monopolizando Olga Sánchez Cordero, ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones. A pesar de justificar que se trata de temas laborales, en las supuestas afectaciones al sindicato de Telmex, tampoco participa la Secretaría del Trabajo.

Esta monopolización de asuntos, al igual como sucedía en la Suprema Corte, siempre es coincidente con ayudar a las pretensiones del agente económico preponderante en telecomunicaciones. Tal es el caso del pleno que, de manera emergente, tendrá lugar este martes, y por el cual retrasarán un año una parte esencial de la “separación funcional de Telmex”. En concreto, el traslado de trabajadores a una nueva empresa, lo que debería de ocurrir este próximo viernes, será retrasado casi un año por petición de Olga Sánchez Cordero. Movimiento que incluso pone en duda la credibilidad del IFT para cumplir en tiempo y forma con la propia separación funcional de Telmex, que se dictó desde hace dos años.

Todo esto ocurre en el contexto de los cinco años de las medidas asimétricas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a América Móvil (Telcel y Telmex), tras declararlo agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, así como a Televisa, al que había declarado como agente preponderante en el sector radiodifusión, en cumplimiento a lo ordenado en la reforma constitucional de junio del 2013.

Bajo ese marco, este lunes el IFT inició un proceso de consulta pública en torno a la efectividad de las medidas impuestas a dichos agentes preponderantes, en el marco de la revisión bienal que el propio regulador se autoimpuso para evaluar el impacto de esas medidas asimétricas. El objeto de la consulta pública es recabar cualquier tipo de información, opiniones o elementos de análisis que le puedan ser de utilidad al IFT para determinar la pertinencia de mantener, modificar, suprimir o adicionar nuevas medidas que permitan fomentar la competencia y libre concurrencia en ambos sectores.

Un ejercicio similar, en el 2016, derivó en la imposición de nuevas medidas a ambos agentes en febrero de 2017. En el caso del sector telecomunicaciones, destaca por su relevancia la separación funcional de Telmex.

En aquella ocasión, el propio IFT reconoció formalmente en su resolución que las medidas asimétricas impuestas a América Móvil en 2014 no habían tenido la efectividad que se esperaba de ellas, pues este agente mantenía incentivos de retardar las negociaciones y aumentar los costos de transacción de los competidores solicitantes de servicios de Telmex. En tal virtud, el IFT determinó la procedencia de ordenar la separación funcional de Telmex, medida prevista en la propia reforma constitucional.

Ahora bien, a pesar de que en este nuevo ejercicio de revisión bienal de las medidas asimétricas de América Móvil aún no será posible verificar la efectividad de la separación funcional de Telmex, pues ésta aún se encuentra en fase de implementación, será de vital importancia que el IFT analice con la mayor profundidad y exhaustividad posible, si el agente preponderante sigue desarrollando todo tipo de acciones para hacer nugatorios los beneficios para la competencia que deberían derivarse de las distintas medidas asimétricas impuestas por el órgano regulador. Ahí está por ejemplo, como señalé arriba, la evidente utilización del sindicato de telefonistas, por parte de la empresa, para presionar políticamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al IFT, para descarrilar la separación funcional de Telmex. Sucumbir a las presiones de Telmex y su sindicato, por un lado, y a las de Segob, por otro, reventaría la autonomía que por virtud de la reforma constitucional se le otorgó a ese órgano regulador, y por tanto, erosionaría la credibilidad de cualquier medida que pretendiera imponer en el futuro. Significa volver a empezar con los mismos viejos problemas, agregando otros nuevos.

*El autor es economista.

Gerardo Flores Ramírez

Experto en telecomunicaciones

Ímpetu Económico