El combate a la pobreza rural en México es causa de deforestación; en particular, los subsidios o transferencias del programa Oportunidades de la Sedesol. Éste se conjuga con el tristemente célebre Procampo (de la Sagarpa) para explicar en buena medida la persistente y minuciosa destrucción del capital natural de México. Si en la segunda mitad del siglo XX los responsables fundamentales fueron el reparto agrario, la dispersión de la población, la apertura de tierras a un onírico desarrollo agrícola y ganadero, una difusa propiedad colectiva y la indefinición de derechos de propiedad, en el siglo XXI son los subsidios quienes han tomado el siniestro relevo.

Ya hemos hablado del Procampo en este espacio, que en sí mismo es todo un caso de sinrazones para el interés público. No sabíamos que también los subsidios directos otorgados por la Sedesol en el contexto del programa Oportunidades (objeto de merecidos laudos y gloria como instrumento de lucha contra la pobreza) tenían el mismo efecto perverso. Por desgracia así es. Lo revela un riguroso estudio llevado a cabo por académicos de las universidades de Wisconsin, California y Amherst (Alix-García, McIntosh, Sims y Welch, The Ecological Footprint of Poverty Alleviation: Evidence from Mexico’s Oportunidades Program , 2011).

El estudio se basa en datos espaciales sobre dinámica de cobertura forestal y ubicación geográfica y elegibilidad para el programa Oportunidades de cada localidad rural en México. Este subsidio es condicional a que los hijos de las familias beneficiadas vayan a la escuela, lo que aumenta el costo de oportunidad de utilizar a los niños como mano de obra barata, a la usanza campesina. El programa cuesta casi 36,000 millones de pesos anuales y participan 40% de las familias rurales, que así logran incrementar en un tercio su ingreso per cápita.

Oportunidades se interpreta en el estudio como un fuerte shock positivo y exógeno al ingreso de familias con distintos niveles de marginalidad, que se traduce en cambios tanto en patrones de consumo como en patrones de producción agropecuaria. Por un lado, Oportunidades hace que aumente el consumo de las familias en forma inequívoca y generalizada, y que se reoriente hacia carne y lácteos, lo que trae ventajas indudables a la salud y al desempeño escolar y laboral. Por otro lado, se observan cambios en patrones de producción, pero sólo en las localidades más marginadas y aisladas, donde es notable la ausencia de vías de comunicación. Es decir, la infraestructura de transporte es un determinante fundamental en el perfil espacial de los impactos de Oportunidades sobre los ecosistemas.

El problema es que en ausencia de caminos o carreteras, el aumento en el consumo provocado por Oportunidades se satisface localmente mediante inversiones de las familias en cambios de uso del suelo (deforestación) para fines esencialmente ganaderos. En localidades de menor marginalidad (menos pobres), con suficiente infraestructura de caminos o carreteras, el aumento en el consumo se satisface a través del mercado nacional (y presumiblemente, también internacional), lo que hace poco atractivo e innecesario el cambio de uso del suelo.

Más aún, al existir disponibilidad de mejores alimentos por medio del mercado, el aumento de ingreso traído por Oportunidades hace que se reduzca la aplicación de mano de obra y otros recursos en actividades agropecuarias de subsistencia, lo cual, localmente, contribuye a relajar presiones hacia la deforestación.

En otras palabras, los autores del estudio confirman la existencia en el campo mexicano de una Curva Ambiental de Kuznets. Ésta es una U invertida entre ingreso y deterioro ambiental, que ha sido documentada a lo largo del proceso de desarrollo económico en muchos países. Partiendo de condiciones de pobreza, el aumento en el ingreso degrada al medio ambiente y a los ecosistemas; pero este efecto se va reduciendo y llega a revertirse a partir de un cierto nivel de ingreso, donde más riqueza pasa a asociarse con la conservación y restauración de la naturaleza y con un medio ambiente de más calidad.

En el caso de Oportunidades, a diferencia de Procampo, no se trata de exigir su abrogación, lo cual sería absurdo.

Pero sí es exigible que la Sedesol valore y reconozca su profundo impacto ecológico y tome las medidas de política necesarias para mitigarlo, evitarlo y revertirlo. Aunque podemos anticipar que tal cosa no va a ocurrir.