Durante el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se presentaron algunas iniciativas para reformar diversas leyes, enfocadas en su mayor parte a hacer a la economía nacional más eficiente y más competitiva, como fueron, por ejemplo, las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo o la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que solamente fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ante la presentación de tales iniciativas se argumentó en el propio Congreso que, dado que era un año electoral, no era conveniente entrarle a la discusión de estas reformas y que era mejor esperarse para discutirlas en el periodo de sesiones que inicia en septiembre próximo.

Ayer domingo se realizaron las elecciones y sin importar quién haya ganado, particularmente las gubernaturas, de una cosa podemos estar casi seguros:

las reformas propuestas tampoco se discutirán en el periodo por venir.

Estamos, efectivamente, secuestrados por el diseño y operación del sistema político mexicano y sus principales actores, los partidos políticos.

A prácticamente todos les queda claro que el actual arreglo institucional de la economía mexicana es notoriamente ineficiente, que el marco legal que nos rige como país no es el que se requiere para alinear los incentivos que de éste se derivan con el objetivo de lograr la creación de riqueza, es decir, con el objetivo de crecimiento económico. Existe un significativo consenso de cuáles son las reformas que se requieren y, sin embargo, el tiempo transcurre y no se hace prácticamente nada, particularmente en el Poder Legislativo, ello a pesar de que todos los legisladores, en su discurso, indican que es urgente que la economía se inserte en una senda de crecimiento elevado y sostenido.

Ya van a ser casi cuatro años de que se instaló la actual Legislatura y hay que decir que poco se ha avanzado; en realidad podríamos decir que han sido cuatro años prácticamente desperdiciados. Mientras la economía sigue sin crecer (el crecimiento de este año es ilusorio por un efecto estadístico dada la severa contracción que se experimentó el año pasado), seguimos perdiendo frente a otros países que sí han avanzado en el proceso de hacer más eficiente y competitivas a sus economías y, lo más grave aún, es que el bienestar de la población está estancado y la gente no tiene expectativas de que éste aumente en el futuro cercano.

En septiembre se iniciará un nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión y los diputados y senadores nuevamente tratarán de dar la apariencia de que están realmente preocupados por el bienestar de la población y que estarán trabajando para hacer los cambios legislativos que se requieren. Sin embargo, no dejará de ser un discurso hueco aderezado por una estúpida campaña publicitaria llena de anuncios enalteciendo el trabajo legislativo, mintiéndole abiertamente a la población.

Las reformas que realmente se requieren en el país, las que urgen, no se van a hacer porque hacerlas implica modificar el arreglo institucional que ahora le genera rentas a poderosos grupos de interés, incluyendo a los propios partidos políticos y sus agentes, es decir, los legisladores, líderes partidistas y gobernadores.

México está secuestrado por los partidos políticos que se dedican a mantener un sistema de extracción de rentas en lugar de buscar la mejora en el bienestar de la población haciendo los cambios legales que se requieren para hacer a la economía más eficiente. Y seguiremos perdiendo el tiempo.

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