Viola el artículo 5to de la Constitución y el acuerdo que México tiene con la Organización Internacional del Trabajo, y aun así va, porque va. Me refiero a la reforma que plantea desaparecer al outsourcing.  

Nos aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio órdenes para que la reforma que elimina el outsourcing sea aprobada antes del 15 de diciembre. 

Si bien es cierto, existe un nivel de evasión fiscal y falta de obligaciones laborales, a través de figuras que dicen ser outsourcing, o incluso otro tipo de figuras, la realidad es que no se erradicarán con la eliminación del outsourcing. Por el contrario, el impacto inicial será de freno a la inversión, desempleo y amplitud de la informalidad.  

Volverán a ser las micro y pequeñas empresas las más afectadas, porque ahora tendrán que sumar a todos los empleados a esquemas de seguridad social y laboral, lo cual, frente a una crisis económica y una deuda que muchas arrastran, simplemente será imposible. 

¿Que no serán tan fiscalizadas? La realidad es que en la actualidad las denuncias de empleados a pymes, con razón y sin razón, se han disparado a doble digito, y mientras se define si procede o no, el gasto adicional para las pymes comienza a ser un lastre importante en sus ingresos.  

El artículo 5to de la constitución define que las personas pueden dedicarse a cualquier actividad, comercio o trabajo sin que este sea ilícito. Así que la reforma de outsourcing como se gestiona violaría la libertad al comercio, trabajo. Además, los niveles de PTU del 10% es un nivel considerado alto y opresor para la inversión, considerando que, por cada peso, 40 centavos se van para el gobierno, dejando un margen más limitado. 

Aunado a ello, no se eleva la supervisión a factureras, a cambio de ello, se busca judicializar la violación e implementación del outsourcing y con ello frenar la desviación fiscal.  

Pero, tampoco no hay un planteamiento que defina que el aumento de recaudación ayudará a la ciudadanía mexicana, se supone se destinará en 2021 a los programas sociales del actual gobierno, por cierto, en un año electoral. Casualidad o causalidad, la realidad es que es una estrategia que no ayuda a nadie, al tratarse de presupuesto que no genera empleo, ni ayuda de fondo.  

En fin, regresando al tema de la reforma del outsourcing, en este entorno de fuerte recesión es urgente, dicen los empresarios a través del CCE, que encabeza Carlos Salazar, que el gobierno detenga la actitud negativa ante la inversión y el desarrollo de negocios que recientemente ha intensificado, con acciones como la presentación de reformas que prohíben la subcontratación de personal, la denostación de empresas que han ajustado su personal -en medio de la peor recesión que ha sufrido el país-, la intimidación abusiva a los contribuyentes y la resistencia a aceptar la concurrencia del sector privado nacional y extranjero en el sector Energía. Al final, pagarían inocentes por pecadores. ¿Será que se pueda corregir? 

O se optará por el desempleo, bajará la recaudación social y tributaria, se incrementará una vez más la informalidad, la delincuencia, además no hay que olvidar que las instituciones bancarias y financieras tiene el 50 % del personal tercerizado. 

Quintana Roo, el estado principal del turismo, tiene más del 60% de su plantilla laboral en empresas de subcontratación. Qué decir de la afectación que tendrá la industria maquiladora, el sector turístico, automotriz, tecnología inteligente, aeroespacial, inmobiliario, educativo. El propio gobierno en sus tres niveles, en forma directa generará más de 500,000 desempleados, fuga de capitales, disminución de la inversión privada. ¿Se optará por generar más incertidumbre? 

Marielena Vega

Conductora

Salud, dinero y negocios

Socia Cofundadora, y conductora del programa de radio Salud, Dinero y amor. Programa de finanzas, negocios, economía y bienestar.