El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a la renovación de los Consejos Electorales en 19 entidades de la República Mexicana. La primera etapa del proceso de selección concluye.

Los aspirantes tuvieron que bajar los formatos disponibles en el portal electrónico, imprimirlos, llenarlos, firmarlos y entregarlos, junto con la documentación probatoria de su experiencia en estas materias.

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE) será la encargada de sancionar sobre la elegibilidad de los aspirantes y depurar la lista de candidatos a ocupar las vacantes. Aquellos seleccionados durarán en su encargo siete años.

Este jueves 16, las Juntas Locales deberán remitir los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del INE, que encabeza Edmundo Jacobo Molina. De allí, correrán traslado a la Comisión de Vinculación. El director de la Unidad Técnica, Miguel Ángel Patiño Arroyo, llamará a los aspirantes a la presentación del examen de conocimientos, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, cuya aplicación está programada dentro de dos semanas, para la primera semana de abril. Los 12 aspirantes hombres y las 12 aspirantes mujeres con mejor puntuación serán seleccionados para la segunda etapa, consistente en la presentación de un ensayo presencial a mediados de mayo en un horario y sede que será definido en la víspera.

Al final, sólo un selecto grupo de aspirantes será llamado para entrevistas personales con los consejeros del INE y una valoración curricular tras de la cual será establecido un ránking. Y a más tardar el 30 de septiembre, ocurrirán las designaciones.

El proceso, en el papel, estaría blindado de injerencias externas y manipulaciones partidistas. Pero en la práctica podría desviarse el camino. Un caso evidente ocurre en el seno del Instituto Estatal Electoral de Puebla, hay visos de parcialidad con tufo morenovallista.

La historia comienza en febrero del 2016, cuando empeñado en cerrarle el paso para la elección a gobernador al polémico alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, el exmandatario negoció con el líder nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para que éste no postulara candidato a gobernador.

La oferta al movimiento naranja incluía un acuerdo a modo del IEEP, que encabeza Jacinto Herrera Serrallonga, para que los partidos que decidieran no competir en la elección de mandatario mantuvieran su derecho al financiamiento público con base en la elección de diputados del 2013.

Aceptada la negociación, los términos quedaron establecidos en el acuerdo CG/AC-012/16 del Consejo General del IEEP, asegurando la supervivencia en Puebla de Movimiento Ciudadano para el 2017, a través de la violación al Artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que garantiza financiamiento público exclusivamente a los organismos que obtengan más de 3% de la votación en la elección inmediata anterior.

Posteriormente, y ya obtenida la victoria con José Antonio Gali en la elección de gobernador, el panismo poblano echó mano nuevamente de su OPLE para hacerse de una mayor cantidad de recursos operativos durante el 2017, maniobra que se enmarcaría dentro del proyecto de posicionar a Martha Erika Alonso secretaria general del partido en la entidad y esposa de Rafael Moreno Valle como candidata del morenovallismo en una elección a la gubernatura del 2018.

Esta vez, mediante el acuerdo CG/AC-086/16, los consejeros electorales locales decidieron utilizar los porcentajes obtenidos por los partidos en la elección a gobernador del 2016 como método para definir y repartir el financiamiento público, lo cual es violatorio del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que define a la última elección de diputados federales como método único para realizar la mencionada repartición.

Los acuerdos del OPLE tuvieron como resultado que en el año 2017 los partidos en Puebla se asignaran una bolsa de financiamiento público superior a los 195 millones de pesos; es decir, 41 millones de pesos adicionales a los 154 millones que debió disponer la entidad para prerrogativas en el presente año según la legislación electoral. A nadie sorprenderá saber que Acción Nacional fue el organismo más beneficiado con los movimientos, pues se le asignaron 61 millones de pesos por el porcentaje obtenido en la elección para gobernador, cuando debieron haberle entregado 37 millones como resultado de su desempeño en las últimas elecciones federales.

Los acuerdos fueron ya impugnados por diversas fuerzas políticas ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, cuyos magistrados decretaron la ilegalidad de esas definiciones, el pasado 2 de marzo, y ordenaron al IEEP ajustar las prerrogativas de los institutos políticos.

No obstante, parece que la historia no terminará aquí, pues los consejeros comandados por Herrera Serrallonga, también en sesión especial celebrada el pasado 9 de marzo, definieron no aceptar las resoluciones de su tribunal y solicitar al organismo judicial una explicación y justificación sobre la sentencia. ¿Acaso es un desacato?

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