Acaba de revelarse un dato que explica la baja en las ventas de tiendas de autoservicio y supermercados, de coches y en general la pobre evolución del consumo privado, que representa poco más de 60% del PIB: la pobreza salarial de los mexicanos ha aumentado en forma dramática. En todas las entidades federativas los salarios per cápita han disminuido, lo que significa que el ingreso familiar, en términos de poder adquisitivo, ha bajado dramáticamente.

Este fenómeno tiene detrás un componente de la lenta evolución de los salarios nominales, que siguen revisándose bajo el criterio de la inflación esperada en el año en el que aplicarán los salarios, y otro que tiene que ver con la velocidad a la que han aumentado ciertos precios en la economía, en especial los de alimentos y en general los que componen la canasta básica. Aunque la inflación general, en los términos que la mide el INEGI, sigue bajo control, según el criterio del Banco de México, organismo encargado de mantener el poder adquisitivo del peso, para quienes perciben ingresos medios y bajos la canasta básica se ha vuelto inaccesible.

Ni las autoridades laborales y mucho menos los empresarios han emprendido una labor conducente a incorporar una medida de productividad dentro de las revisiones salariales, lo cual, dirán algunos, beneficia a los trabajadores, sobre todo en la época de bajo crecimiento, que por lo general viene acompañado de muy pobres aumentos en la productividad, si no es que de caídas en la misma. Para mantener la nómina inalterada las empresas deben igualar las revisiones salariales con la productividad, o lo que es lo mismo, cuando esta última no crece lo que procede es reducir salarios, o despedir trabajadores. No se ha caído en ninguno de estos extremos, debido a que la inflación se ha encargado de reducir los salarios reales, haciendo que las cosas se emparejen entre empresas y trabajadores.

Por la situación en que se encuentra la economía mexicana, misma que ha permanecido durante por lo menos dos décadas, la generación de empleos nuevos, con elevadas remuneraciones, ha sido claramente insuficiente, ya no digamos para absorber a todos los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo cada año sino para propiciar que sean las empresas las que hagan que los salarios aumenten, al tener que ofrecer mejores condiciones para atraer un recurso escaso. Por el contrario, los jóvenes que pierden su trabajo y hasta las personas maduras siempre están dispuestas a percibir un salario menor al previo, a cambio de encontrar alguna ocupación que les permita llevar un ingreso a sus hogares.

Se ha culpado al TLCAN de haber sido incapaz de generar estas condiciones para que el bienestar de los trabajadores aumente, aunque como hemos comentado antes en este espacio el tratado per se sería incapaz de hacerlo, a menos que concurriesen varias cosas al mismo tiempo, que van desde una limpia y mejora de marco regulatorio de la economía, la reducción de los costos de transacción, la defensa de los derechos de propiedad, garantizar la seguridad y combatir las prácticas que atentan contra la competencia. Del otro lado de la balanza, al Banco Central no le toca la tarea de controlar precios y sin la ayuda de un organismo antimonopolios, la práctica común seguirá siendo que las empresas establecen precios a su arbitrio, a lo que sumamos los denominados precios administrados, por organismos gubernamentales que defienden ineficiencias a costa del bienestar de las mayorías.

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