Ciudadanía plena. México no puede tener ciudadanos de primera y de segunda. La desigualdad en el terreno jurídico y político significa que algo anda muy mal.

Bajo ese contexto, Miguel Ángel Mancera en el 96 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 -el pasado 5 de febrero- dio el banderazo rumbo a la reforma política del Distrito Federal, con el fin de devolver la plenitud de derechos a los capitalinos en aras de la igualdad constitucional.

Recordemos que el constituyente de 1917, desde aquel entonces, legisló para sentar las bases del desarrollo de un país muy distinto al México de hoy, donde predominaba la visión centralista y autoritaria impuesta a la ciudad capital; tendencia aún vigente.

El Distrito Federal ha sido desde entonces la sede de los poderes federales, pero sin una constitución propia, distinto al resto de los 31 estados de la República, conformando así un régimen de excepción. La capital se rige hoy por un simple estatuto de gobierno que reparte atribuciones y facultades.

Nótese que en 1917 había sólo 12 millones de habitantes en México, pero hoy pasamos a más de 112 millones. Tan sólo en la ciudad de México vivimos casi 9 millones de personas y más de 20 millones en la zona metropolitana, según el censo del 2010.

Desigualdad injustificada

Entre las inoperantes diferencias sustantivas, sobresale el hecho de que la capital de México no puede definir directamente su presupuesto de ingresos ni de egresos, ni su techo de endeudamiento anual.

En materia de seguridad y justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal está imposibilitado para nombrar al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia, pues tales designaciones estratégicas son aprobadas por el gobierno federal. Además, está impedido para diseñar en forma autónoma la educación impartida a los capitalinos en las aulas.

La figura de municipio libre, base del pacto federal y célula integral de los estados de la República, es inexistente en la ciudad de México, al estar organizada en delegaciones políticas, cuyos titulares desarrollan funciones de administradores más que de gobernantes, con atribuciones acotadas. Los jefes delegacionales distan mucho de operar con la libertad jurídica de los presidentes municipales.

En consecuencia, si contrastamos a los ciudadanos de los 31 estados de la República con los del Distrito Federal, comprobaremos la injustificada desigualdad de los capitalinos en cuanto a sus derechos políticos, al carecer de autonomía.

Señales favorables

Quienes habitamos en la capital del país merecemos ser ciudadanos plenos, sin excepción alguna. No queremos seguir siendo de segunda pues, como mexicanos, debemos convivir en un régimen de igualdad.

Hasta el momento, los actores políticos más influyentes a nivel nacional, congruentes con el régimen federalista constitucional, han enviado señales de aceptación para transformar a la ciudad de México en el estado 32. Enhorabuena por esta decisión.

El adelanto

La nueva política de movilidad del gobierno de la ciudad de México traerá cambios fundamentales para mejorar el desplazamiento de los habitantes de la zona metropolitana. Incluye revolucionar el concepto de los Centros de Transferencia Modal, en puntos estratégicos. Le adelantaremos detalles en próximas entregas.