El Congreso se ha dedicado a boicotear sistemáticamente el desarrollo de este país durante 15 años ininterrumpidos. Claro que ha tenido aciertos, pero el balance es definitivamente negativo para la labor de un Poder Legislativo que tiene influyendo directamente en las decisiones de peso desde 1997.

A pesar de que diputados y senadores hoy son determinantes en la vida de este país, la elección de esos representantes consigue muy poca atención de los electores.

Al menos en el llamado círculo rojo, el tema central es si uno le lleva a la otra siete o 15 puntos de ventaja. Y mientras eso concentra los comentarios y los análisis, todos los partidos políticos cuelan sus listas de diputados plurinominales con algunos de los nombres que no desearíamos volver a escuchar bajo ninguna circunstancia.

De entrada, esta figura de los legisladores de partido, que le deben el puesto a las cúpulas de sus institutos políticos y no a los electores, deberían desaparecer en un sistema democrático como el que tenemos.

El invento de los plurinominales fue para ofrecer un dulce a los partidos políticos en los tiempos en los que la libre competencia política estaba impedida.

Pero la falta de atención de la ciudadanía al Congreso y la presencia de los intereses de sectores o partidos políticos en las cámaras han impedido, entre muchas otras, las reformas: laboral, fiscal, energética, de competencia, de seguridad, política, electoral, legislativa, transparencia, educativa, etcétera.

En todas estas materias se han aprobado cambios, siempre insuficientes y siempre pensando en intereses particulares y no en reformas de fondo. Muy pocos de los cambios surgidos desde la segunda mitad del mandato de Ernesto Zedillo a la fecha pueden ser calificados de reforma estructural. Han más bien predominado los parches incompletos; muchas veces, más dañinos que la ley que sustituyen.

La actual LXI Legislatura es una prueba innegable de cómo el Congreso es inmóvil e indiferente con lo que necesitamos. Han congelado con un descaro ofensivo cambios tan importantes como la reforma laboral por razones abiertamente partidistas.

Y a pesar de necesitar del Congreso para diseñar junto con los otros dos poderes y los diferentes niveles de gobierno un país más competitivo, los partidos políticos nos desprecian con sus listas de plurinominales.

Basta con revisar las listas de los tres principales partidos para ver cómo los lugares en las cámaras de Diputados y Senadores se usan como premios, como protecciones políticas, como consolaciones, como cuotas a grupos de poder fácticos; como todo, menos como un deseo real de integrar un poder que decida y cambie las cosas.

Se antoja desde ahora una relación complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo, sea cual sea la combinación en el poder. Sean panistas o priístas los que ganen la Presidencia, ninguna fuerza parece que podrá ser capaz de lograr una mayoría que le simplifique sus programas de gobierno.

Y si bien la política es el arte de negociar, eso es cierto cuando los intereses son de representación legítima de los ciudadanos. Porque los partidos políticos estarán pensando desde el lunes 2 de julio del 2012 en las siguientes elecciones y usarán todo su poder, incluidos sus bien pagados diputados y senadores.

LA PRIMERA PIEDRA

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acepta que no será la mejor inversión aportar cuotas a ese organismo, porque podría haber instrumentos con mejores rendimientos, pero asegura que siempre será mejor ser acreedor que deudor de este tipo de recursos usados para los rescates financieros.

Y vaya que México lo sabe. En los peores momentos de las crisis financieras de este país, el FMI lo asistió. Y ahora, nos ponemos del lado de los que están en condiciones de aportar recursos al negocio del salvamento de países en problemas.

El presidente Felipe Calderón logró que el Senado aprobara su solicitud de incrementar la cuota que México aporta al FMI en 145.8 por ciento. No es una limosna, sino una inversión de rendimiento ciertamente bajo, pero que aumenta el poder de voto de México en ese organismo.

Afortunadamente en el senado panistas y priístas le entienden a este tema y aprobaron el aumento, desde la llamada izquierda se sumergieron en sus dogmas y se opusieron.