La economía mexicana ha crecido durante los últimos años inercialmente y, en consecuencia, la tasa promedio ha sido baja, aún eliminando del promedio las crisis de 1995 y el 2009. Este crecimiento es explicado por la acumulación de los factores de la producción, ya que la productividad factorial total ha estado estancada. Así, es claro que cuando una economía no introduce continuamente cambios tecnológicos en los procesos productivos, su crecimiento será solo inercial.

En la economía mexicana, en los diferentes sectores productivos, conviven dos tipos de organización de la producción. Así, por ejemplo, en la agricultura encontramos unidades productivas modernas y altamente productivas con unidades tradicionales, en las cuales las técnicas de producción son obsoletas y, por lo mismo, son de muy baja productividad (lo que, de paso, explica la alta incidencia de pobreza en las zonas rurales). Lo mismo se observa en el sector industrial, con empresas con una tecnología moderna de producción y alta productividad conviviendo con empresas muy pequeñas que no han cambiado su tecnología y que, por su tamaño, no pueden generar economías a escala y, por lo mismo, son empresas que tienen una muy baja productividad. Lo mismo sucede en el sector servicios, particularmente, en los subsectores del comercio: el transporte y la construcción.

Esta dualidad se explica porque el arreglo institucional no genera los incentivos correctos para la introducción de cambios tecnológicos que se traduzcan en la modernización de la producción y en un aumento de la productividad. En la agricultura, por ejemplo, existen muchos programas gubernamentales a los cuales se les asignan miles de millones de pesos, supuestamente, para apoyar este sector. Pero mientras siga existiendo el minifundio, la situación seguirá siendo la misma. Es decir, el arreglo institucional prevaleciente resulta en la perpetuación de la agricultura tradicional de baja productividad, lo que se traduce, en consecuencia, en la perpetuación de la pobreza.

Por su parte, en los sectores industrial y de servicios, encontramos diversos elementos del arreglo institucional que incentivan a las empresas a operar en la informalidad. Destacan entre estos elementos el diseño del sistema tributario y el diseño del sistema de seguridad social, en el cual las cuotas obrero–patronales son un impuesto adicional, lo que induce a las empresas a operar en la informalidad para evitar ser fiscalizadas por el SAT y el IMSS, más la muy ineficiente regulación de los mercados con una enorme carga burocrática, carga plagada de corrupción. Y esto hay que agregarle la ineficiencia del Poder Judicial, que no garantiza el cumplimiento de los contratos.

Es obvio que, mientras el arreglo institucional no cambie, la economía mexicana seguirá creciendo de forma inercial a tasas que difícilmente pasarán de 4% anual, a todas luces insuficientes para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y, principalmente, abatir la alta incidencia de pobreza. Y es éste el gran reto del próximo gobierno: cambiar las reglas formales del juego.

Dentro de este cambio, están las denominadas reformas estructurales (laboral, energética, telcos, etcétera) pero no son suficientes.

Es indispensable hacer una cirugía mayor en el marco institucional, destacando el rediseño del sistema tributario, una profunda reforma del sistema de seguridad social, eliminando las cuotas obrero–patronales para moverse hacia un esquema de seguridad universal financiado de la recaudación general, y una más eficiente regulación, reduciendo la carga burocrática y abatiendo la corrupción. De no hacer estos cambios, la economía seguirá creciendo solo de forma inercial, a todas luces, insuficiente.

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