En la primera parte de este artículo mencioné que los proyectos de inversión pudieran ver afectada su viabilidad financiera y dañar la reputación de las empresas e instituciones involucradas debido a los riesgos ambientales y sociales. En esta segunda parte abordaré qué soluciones pueden atender dichos riesgos

Es fácil encontrar en las noticias ejemplos de incumplimientos a las leyes ambientales y sociales que han ocasionado la imposición de diversa sanciones.

En la normativa encontramos diversas penas aplicables, como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la que se contemplan multas que van de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo en la Ciudad de México, clausura temporal o definitiva de las actividades, arrestos, decomisos y suspensión de licencias.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) reporta que durante el año 2016 sólo en el estado de Baja California impuso 298 multas por un monto total de 24.5 millones de pesos.

Asimismo, se encuentran en los medios de información diversos reportes como el de una empresa acuícola a la que se le han clausurado obras por dañar zonas naturales en la categoría de protección especial , una textilera clausurada temporalmente por violaciones ambientales referentes a la gestión de residuos peligrosos, multas a una lechera por contaminar fuentes hídricas y sanciones a diversas empresas por no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental.

También se han presentado casos con mucha difusión mediática, como el proyecto de urbanización del malecón de Tajamar, en donde a pesar de que el proyecto contará con permisos para su realización la sociedad civil organizada presentó una resistencia por afectaciones al medio ambiente que desembocaron en la suspensión de la obra.

En dicho ejemplo se observa una afectación a la reputación de las empresas e instituciones que participaron en el proyecto.

Por otro lado, el Centro de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres indica que la ocurrencia de desastres naturales en México cuesta 2,942 millones de dólares al año y se reporta que en el informe titulado Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015 se detecta que los desastres con mayor costo para México son los terremotos, inundaciones, ciclones y tormentas.

Esta evaluación concluye que existe una tendencia creciente en las pérdidas económicas asociadas con desastres naturales.

Estos ejemplos pueden representar un impacto financiero en los proyectos de inversión y las empresas y, por lo tanto, poner en riesgo su viabilidad. Realizar una correcta gestión de dichos riesgos es una solución factible.

Existen diversas iniciativas que impulsan y proporcionan un marco de referencia para realizar la identificación y gestión de dichos riesgos. Para las empresas existen las iniciativas de reportes de sostenibilidad como son el Global Reporting Initiative y el Integrated Reporting.

A nivel de instituciones financieras se encuentran propuestas de análisis de riesgos ambientales y sociales como el de la iniciativa financiera del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y los Principios de Ecuador.

Una correcta gestión de los riesgos ambientales y sociales contribuye a generar proyectos más sólidos y respetuosos con el entorno.

*Erick Rodríguez Maldonado es Especialista de la Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente de FIRA. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA .

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