La creación y aplicación de marcos legales contra la inseguridad, la impunidad y el abuso es una exigencia nacional. Cierto, han habido algunas respuestas. Al menos en la letra se ha intentado meter a la legalidad a policías, a servidores públicos en general, a candidatos y partidos políticos, incluso a maestros arbitrarios. Sin embargo, no todas las funciones de impacto social están debidamente reguladas, como es el caso de los guardias privados de seguridad, escoltas y guardaespaldas.

Sin nada ni nadie que lo impida, estos escoltas privados exclusivos han decidido imponer sus propias reglas y extender su misión de proteger a quienes los contratan, actuando impunemente para cumplir caprichos, saltarse las trancas, hacer gala de prepotencia y propasarse a placer. En no pocas ocasiones sus excesos han hecho historia negra. Basta recordar cómo convirtieron en estacionamiento exclusivo al Zócalo de la CDMX o las ocasiones en las que agreden e intimidan a ciudadanos por órdenes de sus jefes o simplemente porque así les vino su gana. Tal proceder puede constatarse en restaurantes, bares y antros AAA, o en eventos VIP donde, sin reparo alguno, hacen alarde de sus tumbaburros, armas y despotismo. Con razón en días pasados Sergio Sarmiento advirtió que veríamos esta escenificación de actos en la F1 Gran Premio de México.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos escoltas privados hay, de dónde han salido o qué tan calificados están. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), presidida por Marcos Ossio Rangel, ha reportado cerca de 1,000 elementos certificados en sus filas, pero se estima que hay miles que operan sin registro en el país. Algunos cumplen sólo con requisitos básicos, pero la estabilidad psicológica y emocional muy pocas veces está asegurada. Su capacitación es lo de menos, la prepotencia y el desprecio a lo legal es lo de más.

Se han dado algunos pasos, como la Ley Federal de Seguridad Privada (2006) con reformas posteriores y su Reglamento (2011), pero su aplicación y efectos son imperceptibles. No se vislumbra intención de tomar este peligroso toro por los cuernos. El gobierno y servidores públicos de los que se esperaría cierto compromiso e iniciativa, como Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, y Felipe Muñoz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no han dicho pío sobre este tema.

Guaruras anarquistas

El Estado de Derecho sigue sin tocar las puertas de México y la seguridad pública de la población sigue sin poder ser garantizada por el gobierno. La anarquía de los escoltas es prueba de que aquí persiste la triste costumbre de hacer justicia por propia mano y con descarada prepotencia. Inaceptable en una nación que presume haber reformado sus estructuras más profundas pero que no parece preocuparse por haber dejado peligrosos hilos sueltos en el camino.

Estamos frente a una versión VIP de los grupos de autodefensa. A nadie conviene tanta ilegalidad, ni siquiera a los propios escoltas.

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