La resistencia relevante a los cambios que exige la lucha contra el calentamiento global no está esencialmente en grandes grupos de interés o en grandes empresas multinacionales. Radica en los consumidores y ciudadanos. De ahí la dificultad para instrumentar las políticas que se requieren y que ineluctablemente afectarían su bolsillo y estilo de vida. Los gobiernos difícilmente están dispuestos o son capaces de tomar las decisiones correspondientes. En la mayor parte de los países del mundo, México entre ellos, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero son los vehículos de combustión interna que utilizan gasolina y diésel. Por lo general, le siguen la generación de electricidad, y en numerosos casos la industria del petróleo y gas. En ciertos países, la fuente más importante de emisiones es la deforestación de bosques tropicales, como ocurre en Brasil y en Indonesia. En nuestro país, ésa es la prelación sectorial en emisiones: vehículos, sector eléctrico, petróleo y gas, y deforestación, siendo también importantes algunas industrias como la siderúrgica y cementera, y las actividades agropecuarias. En particular, reducir emisiones en los vehículos automotores —o sector de movilidad y transporte— se vuelve una prioridad especial. No obstante, la viabilidad política de lograrlo de acuerdo a lo que demanda la ciencia y los propios compromisos internacionales, como los derivados del Acuerdo de París, es muy precaria. La revuelta social en Ecuador contra la remoción de los subsidios a la gasolina y el diésel es muy elocuente, y refrenda la experiencia de meses atrás observada en Francia, con la insurgencia de los llamados Gilets Jaunes (Chalecos Amarillos), también sublevados contra impuestos a las emisiones de carbono derivadas de los combustibles automotrices.

Ahí se encuentra el cuello de botella, o la trampa social en la economía política del cambio climático. Si no se supera, será imposible evitar las peores catástrofes que traerá consigo el rápido aumento en la temperatura del planeta, que ya se registra. Reducir la demanda y el consumo de combustibles automotrices es una condición indispensable en una lucha razonablemente eficaz contra el calentamiento global. Y esto implica en todo contexto la eliminación de subsidios y un aumento de precios, como lo enseña cualquier texto básico de economía, a través de un impuesto a las emisiones de carbono o carbon tax. Emmanuel Macron se vio obligado a recular con respecto a los nuevos impuestos a la gasolina. Lenín Moreno, en Ecuador, probablemente también tendrá que hacerlo ante la magnitud de la revuelta popular. El aumento de impuestos a los combustibles automotrices, y por tanto en los precios, resulta una condición sine qua non para inducir la eficiencia energética de los vehículos; para apresurar la electrificación de parque vehicular; para fomentar el uso del transporte colectivo y no motorizado; para promover el desarrollo de ciudades densas, compactas y verticales, con una baja huella ecológica, y para llegar hacia la mitad del siglo con un sector de transporte y movilidad prácticamente de cero emisiones. Sin duda, esto es posible desde una perspectiva económica y tecnológica, pero dudosamente factible en términos sociales y políticos.

Los subsidios a las gasolinas representan un despilfarro irracional de recursos fiscales, y un contrasentido distributivo, social, económico, energético, ambiental y climático. Acaban siendo insostenibles a largo plazo. Sin embargo, son un instrumento favorito de los gobiernos populistas, obsesionados con la creación y mantenimiento de clientelas políticas, como se ha visto en Venezuela con el chavismo y en Ecuador con los gobiernos de Rafael Correa. En México, el gobierno populista se obsesiona con mantener los precios estables, aunque ello implique una costosa sangría para el erario, particularmente ante el aumento en los precios internacionales. Por su lado, políticos irresponsables de todos los partidos claman en contra de los llamados “gasolinazos”, con lo cual ofenden la inteligencia colectiva y vacunan a la opinión pública en contra de una vital racionalidad fiscal, ambiental y climática.

En Ecuador, la remoción de subsidios decretada por el gobierno ha significado un aumento en los precios promedio equivalente de 10 a 13 pesos mexicanos, algo que no podría calificarse como fuera de escala. Esto, si tenemos en cuenta que los precios promedio en el vecino Perú son equivalentes a 22 pesos mexicanos; en Chile, a 24 pesos; en Uruguay, a 30 pesos, y en Brasil, a 21 pesos mexicanos. Recordemos que, siendo la gasolina un bien comercializado globalmente, el precio internacional es el mismo para todos. La diferencia entre países se debe a la distinta carga impositiva que cada gobierno establece. Hay que tomar en cuenta la baja elasticidad de la demanda de gasolina a los precios en el corto plazo, lo que obliga a medidas regulatorias complementarias en materia de eficiencia energética y emisiones, y de desarrollo de transporte colectivo.

Los acontecimientos en Ecuador nos señalan que la lucha contra el calentamiento global enfrenta obstáculos formidables, y que superarlos exige políticos intelectualmente honestos y comprometidos, con liderazgo, capacidad de persuasión y pedagogía colectiva, visionarios, que puedan modificar las percepciones y decisiones de ciudadanos y consumidores, algo muy escaso e improbable.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.