Un mundo en permanente interconexión, no puede seguir la lógica de cerrazón que propician las medidas de control e intervención unilateral sobre los mercados. Estamos inmersos en un contexto global donde, cualquier movimiento que no tenga calculadas con precisión las repercusiones de mediano y largo plazo, bien podría generar distorsiones graves a futuro que difícilmente podrán corregirse.

En el caso de un producto de consumo altamente demandado como lo es el gas, México está inmerso en una dinámica generalizada donde, derivado de la reactivación paulatina de la actividad económica e industrial, existe un requerimiento para tal insumo que pone presiones para su provisión. En tal sentido, la Agencia Internacional de Energía ha estimado que la demanda será considerable hasta el 2024, con crecimientos sostenidos hasta por un 7% adicional al periodo pre pandémico.

Latinoamérica tiene solo dos países que actualmente son capaces de satisfacer su mercado, y a la vez, aportar una proveeduría regional satisfactoria; Brasil y Argentina son aquellos que cuentan con yacimientos y cadenas de explotación robustas, para contribuir al consumo proyectado de los 4,300 millones de metros cúbicos. En el otro polo, están países como el nuestro que, tendrán que absorber el impacto de la fluctuación por la ruta de las importaciones.

De inicio es este un panorama complicado donde, poco o nada se puede hacer en el ámbito internacional que frenéticamente engrosa los costos de los futuros de gas en los mercados globales. Pero tampoco es sana la intervención frontal con la que México ha trazado una solución cortoplacista que puede generar tanto un problema legal que conduce a la parálisis, como una lesión importante a la economía del ramo energético que de por si ya se encuentra sostenida por alfileres. Dos medidas están a la vista y al parecer de muchos este no será el camino adecuado.

En un primer término, la creación de una empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas para los hogares de los más necesitados a precios accesibles. Sin embargo, implementar con una visión de “justicia social” este entramado que derivará en una pérdida y distracción de recursos, no es una medida sostenible. Pero, por otra parte, aderezar el panorama con la fijación de precios tope al gas, en una vorágine como la que se está viviendo y donde México está inmerso, es un nuevo error. Históricamente queda claro que el mercado termina por imponerse sin importar cuán nobles o justas sean las acciones igualadoras del estado. El exhorto de la Secretaría de Energía a la Comisión Reguladora, provee de un beneficio exiguo, donde el riesgo de una distorsión en la competencia podría llegar a mermar la calidad del producto o propiciar el desabasto.

Nadie desea un escenario así, pero, ¿puede en verdad más la voluntad personal que el poder del mercado vigoroso? Pronto tendremos las respuestas.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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