Un tema juicioso, orientado en gran medida por la opinión de varones en un afluente donde la decisión corresponde a las mujeres, finalmente encuentra un faro que es además parteaguas en la lucha femenina por el respeto a la libertad reproductiva. La Suprema Corte de Justicia a partir de la resolución que prohíbe la criminalización de la mujer por la interrupción de su embarazo, se convierte en la primera corte latinoamericana que se pronuncia a profundidad en un tema que, en muchos casos, se posterga en su discusión por atavismos arraigados que distintos grupos abanderan en la sociedad. Sin embargo, este es un tema impostergable que involucra tanto los derechos reproductivos, como las políticas de salud pública en un estado.

Es una realidad que no se puede esconder bajo la alfombra. Con datos de la Organización Mundial de la Salud, se sabe que cerca de 1 millón de mujeres mexicanas opta por el aborto bajo la sombra de la clandestinidad. Cerca de 350,000 de esos casos culminan con complicaciones médicas y poco más de 60,000 mujeres llegan a perder la vida.

Además del lamentable trayecto para salvaguardar su propia salud, aún permanece cual guadaña la posterior criminalización de la gestante. Tan incompleta es aún la solución, que solo cuatro estados de los 32 que componen la república han establecido una legislación de plazos adecuada, a los cuales ahora se adiciona Coahuila, entidad federativa sobre cuyo Código Penal se dictó la histórica sentencia del pasado 7 de septiembre.

Pero el trecho a recorrer aún es extenso ya que la naturaleza del aborto como delito se considera materia de la legislación local, donde las condiciones para el consenso y la composición del legislativo tienden a variar significativamente. De ahí que las causas de no punibilidad penal que se consideran variables y van desde la unánimemente aceptada en caso de una violación, hasta los motivos económicos donde solo dos estados los consideran como excluyente de responsabilidad penal. Es ahí donde el mensaje que ha enviado la Suprema Corte, tiene un eco poderoso en congresos locales como el Estado de México, Sonora, Sinaloa y Puebla, donde los supuestos de sus Códigos Penales, rayan en lo inverosímil y anacrónico en detrimento de los derechos, la integridad y la libertad de la mujer.

Más allá de la agria controversia política y social que suscita el tema, la lucha de la mujer latinoamericana encuentra un sólido asidero en el control de legalidad mediante las resoluciones de sus órganos supremos. Recordemos los pañuelos verdes en Argentina, cuyo ondeo propició la aparición de la ley de plazos para la interrupción de la gestación o la resolución del sistema judicial ecuatoriano, país en el que finalmente se despenaliza el aborto ante una violación.

El faro permanece encendido y el mensaje de la SCJN es contundente: esperanza y respeto son máximas de nuestros tiempos.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

Lee más de este autor