Durante más de nueve años se ha discutido sin éxito una ley que regule los salarios de los servidores públicos de la Federación, cuyos principios sean la igualdad y la transparencia.

Hoy toma mayor relevancia que nunca, ya que una forma de ser responsables y congruentes con las nuevas medidas de austeridad es regulando los salarios para que sean justos y equiparables con el nivel de responsabilidad que se tiene en el servicio público; sin distinción de género, condición social, etnia o cualquier otra que pretenda discriminar nuestro quehacer institucional.

Por eso, el pasado 11 de septiembre presenté una iniciativa cuyo objeto es regular los rangos y montos de las remuneraciones que percibimos los servidores públicos federales, estableciendo con claridad sus alcances y limitaciones. He sido servidora pública por más de 17 años, y me consta que los salarios ni son equiparables con el mercado laboral ni tienen que ver con el desempeño o la eficiencia de nuestro trabajo, hay quienes ganan más por hacer menos y hay quienes ganan menos haciendo más, incluso, el hecho de ser mujer pareciera que da la posibilidad de determinar un menor salario.

Mi propuesta toma en consideración principios como la igualdad, la proporcionalidad y la transparencia, obligando a que los tabuladores de salarios estén categorizados de acuerdo a la complejidad de la responsabilidad pública, y además, garantizando que se prevean recursos suficientes para cubrirlos. Adicionalmente, los funcionarios públicos podrían gozar de mayor certeza jurídica en su relación laboral y se erradicarían vicios y arbitrariedades en la determinación de los salarios de los trabajadores al servicio del Estado.

Es importante destacar que esta iniciativa se inscribe en un contexto internacional cambiante en el cual el desempeño de aquellos que trabajamos en el sector público está altamente asociado con la remuneración que recibimos. Según datos del World Economic Forum (WEF), México se posiciona en el lugar 84 de 137 países en términos de eficiencia laboral como resultado de las remuneraciones que perciben los trabajadores, ¡un lugar muy bajo! Por tal motivo, si logramos que sean regulados los tabuladores que determinan con discrecionalidad las remuneraciones, podremos garantizar más permanencia, claridad y eficiencia en la prestación del servicio público.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México forma parte, también señala que los estados miembros deben tomar medidas de prevención de la corrupción considerando la relación entre una remuneración equitativa y la honestidad en el servicio público. Entonces está más que probado que cuando los servidores públicos no tienen un salario acorde con el nivel de responsabilidad, es mucho más susceptible que se incentive indirectamente la corrupción.

En tanto, celebro que esta legislatura ya no postergue más este tipo de discusiones que además de todo lo mencionado, son claves para lograr la igualdad; ya que este proyecto legislativo ayudaría a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que, según estima el WEF, nos llevaría más de 130 años erradicar en México.

Como legisladores, es nuestra obligación asegurar la eficiencia de la administración pública y garantizar que los servidores públicos federales cuenten, por primera vez en la historia, con un salario justo y equiparable en función de la complejidad y el nivel de responsabilidad. En una verdadera República todas las voces deben ser escuchadas, y se debe privilegiar aquel proyecto de ley que asegure la construcción de un México mejor; si esto no pasa, estaríamos más bien en una “dictadura disfrazada de república” que no acepta proyectos de vanguardia y acordes al marco jurídico vigente, y con muchos más costos que beneficios sociales.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.