Hace tiempo, el profesor e institucionalista Alonso Lujambio, en paz descanse, desarrolló la idea de que el avance del federalismo en México, es decir, mayores facultades y poder a estados y municipios, frente al gobierno federal, tenía una relación directa con los gobiernos sin mayorías parlamentarias en el Congreso. Eso explicaría por qué, desde 1997, inició una tendencia en la que los gobiernos locales ganaron facultades, atribuciones y recursos fiscales, que terminó en el 2018. El resultado fue un sistema bastante desordenado de transferencias y nuevas atribuciones locales, con pobres resultados de política pública y en materia de rendición de cuentas. No hay evidencia de que los sistemas educativos y de salud sean mejores después de la descentralización, pero sí de que el gasto federalizado, ejercido por las entidades federativas, presenta mayores irregularidades en su ejercicio con respecto al del gobierno federal. Desde el 2000, la federación transfiere a estados y municipios alrededor de 35% de su gasto, 43% como recursos de libre disposición (participaciones) y el resto por fondos condicionados. Sin embargo, sus finanzas no son buenas, porque algunos administran servicios que les fueron descentralizados, pero no pueden pagar, otros están sobreendeudados y, a excepción de la Ciudad de México, sólo generan alrededor de 10% de los recursos que gastan. Las entidades subnacionales en México recudan poco más de 1 punto del Producto Interno Bruto, una de las proporciones más bajas que existen para los países federales en el mundo.

Depender de los ingresos federales en la magnitud en la que lo hacen estados y municipios en México tiene muchos problemas. Uno de naturaleza democrática, ya que el que gasta no asume los costos de recaudar, y otro financiero, ya que las entidades no cuentan con instrumentos para fondear necesidades de inversión, que en el futuro van a generar desarrollo económico e ingresos fiscales.

La experiencia internacional y la propia nos señala varios caminos para incrementar la recaudación subnacional. Coordinar entre los tres órdenes de gobierno mecanismos para financiar el mejor registro y cobro de predial, de los impuestos sobre nómina y agua, para condicionar devoluciones de impuestos federales a su pago y compartir bases de datos; devolver a la tenencia su carácter federal, 100% participable y establecer en la ciudades otros impuestos ecológicos como el de la congestión en las zonas de mayor tráfico en las ciudades; establecer sobre tasas a impuestos especiales por parte de estados utilizando los mecanismos de recaudación federales existentes para cobrar el extra de cada estado; acordar con la banca mecanismos para facilitar el cobro de impuestos locales e incluso para financiar el pago de los mismos en plazos; establecer impuestos locales a la entrada de extranjeros en entidades de alta actividad turística; cobrar impuestos de traslado de dominio a la compraventa, donaciones y herencias de propiedades de muy alto valor y buscar mecanismos para capturar las plusvalías del desarrollo inmobiliario en las ciudades y el financiamiento de mejora urbana por medio de medidas de mitigación y contribuciones de mejora. En no pocas ciudades del mundo se han financiado grandes proyectos de inversión, como una línea del metro, con impuestos locales especiales para pagar por la misma. Ahora que el péndulo del congreso favorece al poder central, es momento para impulsar la recaudación local y aprovechar el viaje para mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y capacidad institucional de estados y municipios.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.