Estamos muy cerca de que México legisle en torno a la regulación del cannabis para fines lúdicos. Existe, en el gobierno y en los legisladores, la convicción de que regular en lugar de prohibir el uso de la mariguana puede traer beneficios en términos económicos, de salud y de seguridad a la población. Ya se legisló para uso médico y terapéutico, que incluye la producción nacional, pero la Cofepris aún no emite el reglamento a casi dos años de dicha regulación. En el Senado se ha colado un proyecto de dictamen basado en la iniciativa del senador Menchaca y, en algunos puntos, discrepa de la iniciativa presentada por la Segob, de la del diputado Mario Delgado, y, en general de las que hemos presentado legisladores de distintos partidos a lo largo de los últimos años. La iniciativa de Menchaca sí abre la posibilidad real tanto para el autocultivo, como para la provisión de uso recreativo, lo cual permitiría que los consumidores pudieran acceder a la mariguana sin recurrir a un mercado ilícito, esto ofrecería garantías de seguridad para los usuarios. La provisión legal reduciría el mercado de las organizaciones criminales y, por tanto, de manera relativa, sus recursos y poder.

El problema con la propuesta de Menchaca es que busca replicar el modelo desarrollado en Colorado, Estados Unidos, donde en el primer gran experimento de regulación era muy importante garantizar la trazabilidad de la planta. Es decir, conocer el origen de las semillas y el destino de la planta, ya que su producción está prohibida en la mayoría de los estados. Establecer ese tipo de requisitos, tanto para la venta como para el autoconsumo, va a encarecer los costos de provisión del producto, entre otras cosas, porque obligaría a importar las semillas originales de Canadá casi de manera inevitable. Una persona interesada en el autocultivo tendría que hacer inversiones de alrededor de 150,000 pesos para importar las semillas necesarias. La iniciativa también propone requisitos excesivos de empaquetado y etiquetado del producto. Solamente quienes puedan realizar inversiones importantes y tener un socio americano o canadiense podrán cubrir los requisitos. Eso, muy probablemente dejará fuera a campesinos y pequeños productores que no podrán dejar su actividad, ahora ilícita, para incorporarse a un mercado legal. Será un gran negocio para pocos, pero, sobre todo, sus efectos en la reducción de la violencia generada en las comunidades productoras no tendrá el impacto que se busca. Es por eso que se requiere una regulación que facilite primero, el autoconsumo, esto implica eliminar el requisito de importar semillas lícitas, ya que todas serían legales; y segundo, reducir las barreras de entrada para la producción y distribución, para hacer la industria más incluyente y tener mayor impacto en el tema de seguridad. Si no se hace una debida regulación vamos a continuar criminalizando a los campesinos que hoy no tienen más opción que cultivar mariguana, cuando el objetivo tendría que ser eliminar los factores de violencia de nuestras comunidades e impulsar una actividad económica favorable para México.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.