Las iniciativas presentadas por legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional para regular la producción, distribución y consumo de mariguana suman ya una decena. Destacan las de la propia secretaria de Gobernación cuando fungía como senadora, la de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y la de Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Regular en lugar de prohibir la cannabis abre importantes alternativas de inversiones comerciales, industriales, médicas y turísticas, tal y como ya sucede en América del Norte. También de recaudación, en Colorado se obtuvieron 400 millones de pesos de impuestos después de tres años de legalización y se destinaron a las escuelas. Sin embargo, la mayor ganancia podría venir de la reducción de la violencia y del mejor uso de las capacidades policiales y procuración de justicia.

De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa, más de 100,000 personas son presentadas cada año al Ministerio Público sólo por la mera posesión de mariguana. Es decir, a pesar de la comisión de delitos de enorme gravedad, los esfuerzos policiales se centran en detener a los usuarios de cannabis. La ilegalidad genera un red de distribución que frecuentemente deriva en violencia y en el encarcelamiento de personas que sin mayor ganancia, y sin ser un peligro para la sociedad, participan en la cadena de la cannabis. La regulación quitaría enormes ganancias al narcotráfico, ya que la mariguana es, por mucho, la droga ilegal más usada de manera masiva. Permitiría reducir el problema de sobreencarcelamiento del país y no pondría a los consumidores ante el riesgo que incurren por comprarla a bandas de criminales.

Evidentemente, el Estado tiene que jugar un rol muy importante para evitar que crezca el consumo, especialmente el temprano, controlar la calidad del producto y facilitar que campesinos puedan migrar sus cultivos, ahora ilegales, a la mariguana legal. Existen dos modelos de regulación. El de los estados de la Unión Americana, en los que las autoridades policiales vigilan el proceso y existen restricciones a la venta, pero en el que los productores son también los vendedores. En esos casos, como los de Colorado y California, la expansión de la industria de la mariguana ha sido meteórica, pero se han cometido excesos. El dinero ha estado por encima de las consideraciones de salud. En otros casos, como el de Uruguay y lo que se está implementando en Canadá, el estado juega un rol más fuerte, por lo que los productores no son los vendedores. No hay integración vertical. Eso pudo haber retrasado algunos procesos, pero definitivamente ofrece mayor protección al consumidor. Esas ideas se recogen básicamente en la iniciativa del diputado Mario Delgado. El punto es que ya existe una ruta que se puede hacer, podemos aprender de la evidencia internacional y, por tanto, cambiar la prohibición de la cannabis por regulación que contribuya a pacificar el país.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.