La parálisis que desde hace meses envuelve al mundo, mayormente en aquellos países que han tomado medidas serias por contener el avance del Covid-19, comienza a diluirse. Las personas comienzan a convivir con la pandemia al mudar su comportamiento para imponer como normal el distanciamiento social, el uso de máscaras y desinfectantes.

El mundo de las telecomunicaciones no se queda atrás y la parálisis que parecía imperar en los reguladores regionales en temas no relacionados a la pandemia comienza a desaparecer. No cabe duda de que las iniciativas tomadas para garantizar servicios incluyendo esfuerzos para flexibilizar el despliegue de infraestructura, moratorias en el pago de servicios, creación de alternativas de servicio más económicas y hasta la asignación temporal de espectro radioeléctrico adicional para evitar casos potenciales de congestión de redes.

Una de las consecuencias más importantes de la llegada de esta terrible enfermedad no ha sido mediática. Me refiero a la realización de numerosos foros auspiciados por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), como se le conoce al brazo de telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), para el intercambio de mejores prácticas por representantes de los distintos reguladores de América Latina. Como era de esperar México estuvo bien representado por varios comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones donde, entre otros temas, explicaron el lanzamiento del programa “Línea de vida” por los miembros de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM).

Resuelto este dilema tan importante, muchos países han retomado el camino para allanar la llegada de nuevas tecnologías. Colombia, Chile y Perú han dicho públicamente que desean tener redes comerciales de 5G en los próximos 12-18 meses. Brasil ya hizo lanzamientos de la tecnología y junto a Colombia ha publicado un documento delineando su plan para el crecimiento y uso del Internet de las Cosas. Los países del Caribe no se quedan atrás con el cambio de gobierno en República Dominicana siendo el preámbulo de un mayor énfasis en políticas públicas dirigidas a encaminar hacia la transformación digital.

Hay un elemento en común en la gran mayoría de estos ejemplos, el compromiso que se palpa desde la rama ejecutiva por impulsar la tecnología como herramienta de desarrollo. La visión que se escucha a nivel regional es la de ir buscando un desarrollo transversal de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para preparar para el futuro a los países de la región. Es por tal razón que muchas voces claman por mayor independencia y poder de los reguladores para poder concebir e implementar proyectos de digitalización nacional a largo plazo.

Claro que no todo son buenas noticias, siempre existen las ovejas negras del progreso. Mientras la tendencia global es crear reguladores convergentes para coordinar de manera integrada la transformación digital en el mercado en lugares como Puerto Rico y México se actúa de manera diluyendo el poder de los entes de política pública del sector TIC. La falta de visión de algunos gobernantes solo en parte podrá ser cubierta por el sector privado o por pequeños operadores rurales que tienen que reinventar constantemente sus esfuerzos para subsistir en un marco legal que históricamente no les ha sido favorable.

Una verdadera lástima lo que sucede en estos lugares, sobre todo cuando la mayor parte de la población no se da cuenta de cómo un puñado de políticas erradas pueden significar contabilizar el atraso tecnológico de algunas regiones, no en años sino en décadas. Todo sería más sencillo si se condicionara el apoyo a los líderes de turno por sus acciones y no por las promesas que son tan fáciles de hacer pero tan difíciles de cumplir.

 

José F. Otero

TIC y Desarrollo

José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC. Esta columna es a título personal.

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