El 22 de agosto de 1996 se publicó una adición relevante al Artículo 105 de la Constitución, la cual establece que no es posible hacer cambios sustantivos a las reglas electorales. Dice el texto constitucional: Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales .

Como la reforma política del 2014 ajustó el calendario para que el proceso electoral federal iniciara en septiembre del año previo a los comicios (antes empezaba en octubre), el próximo año tiene un plazo legislativo definitivo y ninguna reforma de fondo en materia electoral puede hacerse después del mes de junio, por lo que es casi un hecho que la base del modelo de competencia que hoy tenemos será el que aplique para las elecciones del 2018, las cuales estarán formalmente en marcha a partir del último cuatrimestre del 2017.

Esas reglas vigentes han refrendado el esquema de acceso a radio y televisión para que partidos políticos y ahora también candidaturas independientes puedan exponer sus ofertas de gobierno o de representación legislativa a las y los electores a través de segmentos de tiempos oficiales no contratados en cada emisora del país, repartidos equitativamente (no de forma igualitaria, sino proporcional a la votación previa).

No es la negociación de contratos mercantiles entre actores políticos y medios lo que define quién ocupa mejores espacios, porque todas las opciones partidistas y candidaturas tienen lugar asegurado tanto en canales con poca potencia o audiencia limitada como en los de gran alcance y auditorios masivos.

Por otro lado, también continúan las responsabilidades compartidas en la organización y arbitraje de contiendas de todos los niveles entre autoridades de entidades federativas y el INE, porque es la nueva autoridad de alcance nacional la que centraliza aspectos como la fiscalización de gasto o la administración de los tiempos en radio y televisión, y ahora cuenta con instrumentos más sólidos para detectar aportaciones indebidas o dineros que fluyen durante compañas no sólo federales, sino también locales.

Este 2016, que llega a sus últimos días, demostró que esas reglas han favorecido una competencia efectiva que permite al voto imponerse y ejercerse con libertad, pese a que la política nunca será un mundo color de rosa o ajeno a disputas intensas y tentaciones a incurrir en conductas indebidas. El asunto es que funcionen las herramientas institucionales y normativas, que emparejen el terreno de competencia y permitan a la población decidir quién los representa o gobierna.

Este año se refrendó esa competencia efectiva y volvió a acreditarse con la disputa de 12 gubernaturas de las cuales ocho tuvieron alternancia. Cambiaron colores en gobiernos locales, en algunas por primera vez en su historia reciente y en otras hubo segunda alternancia; es decir, unos pudieron recuperar la confianza perdida de votantes después de un periodo de gestión a cargo de otra opción política en gobierno; otros refrendaron el respaldo de la ciudadanía para tener una nueva gestión, y otros más ganaron por primera vez la oportunidad de llevar su visión y propuesta a poderes ejecutivos locales.

Se termina otro año en el que las encuestas volvieron a mostrar errores pero ahora con casos sonados a nivel mundial. El Brexit en Gran Bretaña ganó, pese a que los estudios demoscópicos decían que no prosperaría; en Colombia se rechazaron los términos originales de los Acuerdos de Paz con otro resultado alejado de las casas encuestadoras y Donald Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos ante la incredulidad de medios y analistas que nunca registraron una tendencia que pudiera llevarlo a la Casa Blanca.

Viene un 2017 con cuatro elecciones: en el Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila, las cuales serán la última escala antes de la contienda presidencial del 2018, en la que 30 estados tendrán también comicios.

*Consejero electoral del INE