Más que un dilema, las reglas de operación son una necesidad ineludible de un buen gobierno y representan un beneficio porque impactaría positivamente en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. Son necesarias para evaluar el que los recursos se ejerzan con transparencia y no sean desviados.

Los economistas solemos decir que la intervención del Estado en la economía se justifica como garante de los derechos sociales fundamentales y cuando se presentan problemas públicos que la libre competencia no puede resolver. También, cuando los mercados presentan las llamadas “fallas de mercado” que ameritan hacer uso de programas que otorguen apoyos o incentivos dirigidos a actividades productivas y sociales que requieren de alternativas para su desarrollo.

En el caso de México, las intervenciones públicas de esta naturaleza se dan, entre otros medios, a través de Programas Presupuestarios de modalidad “S” que otorgan subsidios. Éstos se auxilian de reglas de operación que definen la forma de operarlos con el propósito de lograr eficiencia, eficacia, equidad, inclusión y de maximizar su impacto.

Los programas de modalidad “S” se enfocan en la mejora progresiva de la población con equidad e inclusión y se deben medir por sus resultados y por su capacidad de generar valor público. Cuando lo anterior se da con deficiencias se producen “fallas de gobierno”.

Un programa presupuestario bien diseñado y ejecutado que defina con claridad el problema público que pretende resolver y que define, focaliza y cuantifica a qué grupos de población está dirigido, tiene más probabilidad de éxito si tiene reglas de operación y padrones de beneficiarios robustos.

Lo anterior coadyuvaría a evitar desvío de recursos y aseguraría que los recursos entregados lleguen efectivamente a las poblaciones que lo necesitan y para quiénes fue diseñada la intervención, evitando que resulten beneficiadas poblaciones, individuos y organizaciones no contempladas.  Otro elemento a considerar se refiere a la necesidad de supervisión y control en su ejecución.

Tanto las reglas de operación como los padrones de beneficiarios forman parte esencial del Sistema de Evaluación del Desempeño. Los programas sociales han presentado en el pasado problemas por la aplicación laxa de las reglas de operación aunada a padrones poco confiables.

En el PEF 2020 existen 27 programas presupuestarios de Desarrollo Social, 13 de Educación Pública, cinco de Salud, cinco de Bienestar y cuatro de entidades no sectorizadas de modalidad “S” que deben tener reglas de operación para contribuir a su gobernanza y a la calidad del gasto.

La gobernanza de las reglas de operación recae en la SHCP y en la CONAMER. Sus competencias y capacidades son esenciales, en el primero de los casos, para revisar y autorizar reglas de Operación de programas presupuestarios que involucran el otorgamiento de subsidios y, en el segundo de los casos, para autorizar el dictamen regulatorio de los proyectos de reglas de operación.

Agradezco la invitación de El Economista para escribir artículos sobre temas económicos y sociales que interesan al público seguidor de este gran periódico, los abordaré bajo el título “Ensayos en Persuasión”, concepto que tomo prestado de John Maynard Keynes.

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Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.