Con sobregiros, adeudos a proveedores y sin recursos para atender las reclamaciones de los damnificados de sucesos oprobiosos, la Comisión Especial para la Atención a las Víctimas (CEAV) cerró el 2016 con una crisis institucional extrema. De los cinco integrantes del pleno sólo quedaría uno, tras las salidas de su último presidente, Julio Herández Barros, y de la comisionada, Susana Pedroza.

El presupuesto de la dependencia para el 2016 resultó insuficiente. Ni los ahorros en el área de comunicación social permitieron afrontar los gastos en la atención a los familiares, principalmente en hospedaje y traslados. Los remanentes del ejercicio presupuestal fueron destinados a liquidar al personal eventual que ya no fue recontratado a partir de la unción de Hernández Barros, además de la renivelación salarial para mandos medios y superiores.

Entre julio y diciembre, la CEAV además padeció una etapa oprobiosa, visible por las denuncias de Pedroza y la guerra interna desatada por la salida de América Nava, quien en un enrique inverosímil se convirtió en colaboradora de Roberto Campa, quien a su vez colocó a Mercedes Peláez y materializó las críticas por la supuesta injerencia gubernamental. En el correlato, la figura de Javier Sicilia quien desconoció a Hernández Barros, cuya etapa final estuvo cuestionada, incluso con asuntos que afectaron su reputación.

El desorden de la CEAV podrá ser corregido a partir de la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Víctimas. La nueva norma permitirá a la Comisión retomar sus tareas, conforme el proyecto original, considera su expresidente, Jaime Rochín. En el origen, según lo que quedó plasmado en la Ley Sicilia del 2012, la sociedad civil estaría en el epicentro del organismo que atendería a las familias afectadas por la inseguridad. Ese modelo no tuvo el aval de Bucareli, pero sobre todo de Los Pinos.

El último año del sexenio calderonista ocurrió la primera escaramuza de este largo proceso legislativo. El 13 de enero del 2012, la UNAM entregó al Senado un proyecto de iniciativa para la Ley General de Atención y Protección de Derechos de las Víctimas.

Los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, del PRI y del PRD en el Senado tomaron los 81 artículos de la también llamada Ley Sicilia como la base de sus deliberaciones. Al arranque del último periodo ordinario de sesiones de esa legislatura, el entonces presidente Felipe Calderón llamó al Congreso de la Unión a resolver las reformas en materia de seguridad y justicia, tras señalar que el Poder Judicial debe proveer justicia a víctimas de delitos como el secuestro.

Las campañas presidenciales estaban a punto de comenzar. Y justo dos semanas después de los comicios, el Ejecutivo panista acudió a la Suprema Corte para interponer una controversia constitucional, ante la orden del Senado de publicar la nueva norma.

El 30 de agosto del 2012, justo cuando estaba por iniciar la LXI Legislatura, Calderón Hinojosa remitió una nueva propuesta de Ley de Víctimas, aunque no tuvo el carácter de iniciativa preferente. Cuatro meses después, Enrique Peña Nieto asumió la Primera Magistratura y quiso poner punto final al altercado con el Poder Legislativo. Dando cabal cumplimiento a mi compromiso, instruyo a la Consejería Jurídica para que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, para que, una vez que se acuerde por la Suprema Corte, se publique tal como fue aprobada por el Congreso. Debemos partir de una base, contar con una ley vigente que proteja, cuanto antes, a las víctimas de nuestro país , anunció el 1 de diciembre de ese año.

Eran los tiempos del Pacto por México. El 9 de enero del 2013, el Diario Oficial de la Federación Decreto publicó el decreto de la Ley General de Víctimas y el 19 de febrero, en el Senado de la República comenzó el trámite de la iniciativa de reforma a esa ley, cuya definición sufrió un viraje dramático con los sucesos ocurridos en Tanhuato, Iguala, Apatzingán y Nochixtlán.

La atención de las víctimas era una tarea en la que participaban conjuntamente la CEAV y la subsecretaría de Derechos Humanos, ambas instancias, como representantes de Gobernación además de la subprocuraduría del ramo. Jaime Rochín del Rincón estaba al frente del organismo, que entonces ya acusaba problemas de gestión, derivados de errores administrativos, carencias presupuestales y disputas entre los comisionados que nunca cesaron.

Mientras el Ejecutivo envía su propuesta al Senado de la República, Rubén Vasconcelos quien fungía como director de la Asesoría Jurídica Federal– queda al frente de la CEAV. En las redes sociales, la excomisionada Susana Pedroza materializó sus suspicacias.

Nos daremos cuenta, si Campa mete mano en la designación del Comisionado , advirtió Pedroza, quien añadió que a más tardar dentro de 30 días, deberá ser propuesto el nuevo comisionado ejecutivo, no se le puede dejar a Campa el control de 2,000 millones de pesos , denunció la académica, quien hace dos meses salió de la CEAV confrontada con el subsecretario.