La llegada de un nuevo gobierno, arranca siempre la esperanza de renovación y cambios. De hecho los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI); el Banco Mundial y la OCDE suelen explicar que el capital político que lleva al nuevo presidente al triunfo, puede ser aprovechado para impulsar reformas que requieren un alto consenso político.

La expectativa de cara al próximo sexenio, sin embargo, está muy acotada. Primero porque no se ha dado una constancia legal que garantice que ya tenemos presidente.

Segundo porque esto ha detenido irremediablemente los trabajos propios de la transición.

Y tercero, porque no hay un partido político que cuente con mayoría suficiente en el Congreso, como para pasar alguna reforma impulsada por ellos mismos, o por el nuevo Ejecutivo.

Los organismos internacionales que a estas alturas del sexenio suelen tener ya un diagnóstico de la situación económico financiera del país, mantienen en pausa sus proyectos. No porque no los tengan.

El dique que detiene su oferta de apoyo técnico y financiero al nuevo gobierno está en la constancia no entregada del Tribunal Electoral.

Ni los think tank de México se atreven siquiera a referirse a Enrique Peña Nieto por temor a ser señalados públicamente, o por faltar a la ley electoral.

Y el reloj sigue y sigue avanzando. Todos, catedráticos, especialistas, funcionarios públicos en funciones, empresarios, inversionistas y periodistas conocemos los cambios estructurales que requiere la economía para crecer. Cada sexenio son las mismas recetas, las mismas rutas. Y el mismo fiasco en la negociación.

¿La esperanza?

¿Qué haría diferente este sexenio que está a cuatro meses de arrancar? Me parece que el polvo guardado debajo de la alfombra está asomándose.

Me refiero al pasivo de las pensiones del sector público, los programas sociales como el Seguro Popular o las ayudas a la gente de la tercera edad, que están en riesgo por no tener una fuente segura de financiamiento.

Solo este año, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se elevó el presupuesto público en 125%; así que también hay que ver donde meten las tijeras para ir estabilizando las cuentas públicas.

El contexto internacional agrega un riesgo adicional a las finanzas públicas y al motor de desarrollo de México, que desde 1994, está en Estados Unidos. ¿No olvidamos el fiscal Cliff que podría llevar a Estados Unidos a una nueva recesión?

No es por intrigar. Pero si no tenemos aún presidente electo legalmente reconocido, valdría la pena que comenzaran los trabajos y acercamientos con los líderes de partidos políticos.

Porque también tenemos que esperar el fallo del el Tribunal Electoral de del Poder Judicial de la Federación sobre las respectivas impugnaciones que permitan la integración final del Congreso.

Lo bueno, es que el pleno debe tomar protesta el 1º de septiembre, así que el próximo mes tendremos una legislatura que arrancará su periodo de sesiones.

¿No sería impresionante que los legisladores entrantes tuvieran la iniciativa para impulsar las reformas que harán de México una economía de primer nivel? ¿Qué tal si dejamos que siga tomándose su tiempo para revisar las inconsistencias denunciadas y mientras, los técnicos que ya forman parte de los equipos de transición se ponen a trabajar?