Amenos de un mes de que fenezca el plazo constitucional para promulgar reformas en materia electoral, no existe consenso ni trabajo parlamentario para que se dictaminen las iniciativas presentadas, tanto en San Lázaro, como en el Senado.

Segunda vuelta en la elección presidencial para garantizar que quien gane la Presidencia tenga un apoyo mayoritario, disminución en el número de diputados federales y reducción del financiamiento público a los partidos, son los temas relevantes que contienen las iniciativas del PAN y del PRD, y de grupos de la sociedad civil como el encabezado por Pedro Kumamoto, diputado local independiente.

El Artículo 105, fracción II, de la Constitución estipula que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Puesto que el proceso electoral federal 2017-2018 inicia en los primeros días del mes de septiembre, la fecha límite para que se aprueben y publiquen reformas electorales es el 2 de junio próximo.

Esto es, todo el proceso legislativo consistente en la discusión, dictamen y aprobación de las reformas propuestas tendría que llevarse a cabo durante mayo. Dado que las reformas mencionadas son de carácter constitucional, las mismas ameritan de la aprobación por mayoría calificada de la cámara de origen y la correspondiente en la Cámara Revisora, así como la aprobación de más de la mitad de las legislaturas estatales. Requieren asimismo de la autorización por parte del Poder Ejecutivo, de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, además de las consecuentes reformas a las leyes reglamentarias, todo ello a más tardar en la fecha señalada.

Una rápida revisión de las reformas propuestas permite observar que se trata de asuntos muy relevantes: la segunda vuelta implica la modificación de la forma de elegir al presidente de la República, la reducción en el número de legisladores trastocaría la integración de uno de los Poderes de la Unión, mientras que lo referido al financiamiento público de los partidos representa un cambio en las reglas de la competencia electoral.

La relevancia de los temas amerita que exista el mayor consenso entre los actores de la escena política, cuestión que se ve más difícil que el cubrir los pasos procesales necesarios: particularmente el PRI y Morena han declarado su posición en contra de la segunda vuelta, mientras al respecto de la disminución del número de integrantes de la Cámara de Diputados existe diversidad de posturas.

Quizás el tema de la reducción del financiamiento público a los partidos y de las campañas pudiera estar maduro para que el Congreso emprendiera su reforma, cosa que, de cualquier manera, se contempla difícil por la premura de los plazos y por la actitud renuente de los legisladores priistas.