El Presidente electo prepara a su equipo de transición para acelerar las reformas. El coordinador de políticas públicas, Luis Videgaray, ha puesto énfasis en que la prioridad será lograr las reformas estructurales en el primer periodo de la próxima legislatura.

Estas declaraciones abren un espacio que los ciudadanos no podemos ignorar ni desaprovechar. No se trata sólo de aprobar por aprobar reformas. Éstas tienen que estar diseñadas para resolver los problemas desde sus causas y no cubrir la superficie de los efectos.

Tenemos que analizar lo que se propondrá y seguir de cerca la discusión en el Congreso. No podemos aceptar que las cosas sucedan por inercia para después quejarnos. Es momento de exigir reformas completas.

El Presidente electo propone de entrada cinco reformas: fiscal, energética, laboral, política y de justicia. Sobre la reforma fiscal, se plantea crear un sistema de seguridad social universal que contempla una serie de seguros y pensiones para distintos grupos. Se menciona la posibilidad de generalizar el IVA o aumentarlo más de 16%. También se plantea una posible fusión del ISR y el IETU.

En materia energética, se busca abrir Pemex a la inversión privada en las áreas menos rentables, como exploración, explotación y refinación, y destinar los recursos del gobierno a las áreas de mayor ventaja competitiva, como la extracción de petróleo y gas natural.

La reforma laboral habla de flexibilizar contrataciones y promover contratos de trabajo temporales, pero no aborda la falta de transparencia y democratización de los sindicatos; aún existen muchos mitos que será necesario desmentir. De la reforma política se ha dicho sí a algunos puntos, pero con ciertas condiciones, como a las candidaturas independientes pero reguladas en fuentes de financiamiento; al referéndum, pero no sobre derechos individuales, sociales o la figura presidencial, y a la consulta popular, pero con uso limitado. También está la posibilidad de eliminar 100 diputados plurinominales.

Finalmente, sobre la reforma judicial se propone el sistema de juicios orales y la creación de una Gendarmería Nacional que actuaría como corporación policiaca integrada por militares con funciones civiles. Se pretende aumentar la Policía Federal a 50,000 elementos para atender los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.

No podemos ser indiferentes ante estos planteamientos. Vale la pena revisarlos a fondo, discutirlos y expresar lo que consideremos pertinente. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país.

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