El azoro cundió entre el auditorio, cuando Santiago Levy sentenció que el problema central de la economía mexicana está lejos de ser la tasa de ahorro de la población o el flujo de inversión. De hecho, ahorramos e invertimos más que el promedio de América Latina y que Estados Unidos , sentenció el Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo hace seis semanas, en un foro de la Coparmex en el Club de Industriales.

De la sorpresa, los empresarios presentes pasaron a la incredulidad, cuando el exsubsecretario de Hacienda sostuvo que tampoco hay un problema por el empleo en México, ya sea por la falta de creación de fuentes de trabajo o la carencia del mismo. Todo lo contrario. En México se crean muchos empleos y la tasa desempleo es baja. También trabajamos más horas que el promedio de países de la OCDE , destacó.

Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema central es que se invierte en empresas de baja productividad y se crean empleos de baja productividad , indicó Levy, quien con contundencia, estableció que el reto para la economía mexicana en los próximos años radica en la reconversión de los empleos de baja productividad que, dicho sea de paso son la mayoría, a empleos de alta productividad.

La informalidad -insistió- es una fuente muy importante de pérdidas de productividad. Las empresas informales generalmente viven en la ilegalidad y mantienen tamaños chicos, no explotan economías de escala o de alcance, invierten poco en nuevas tecnologías o capacitar a sus trabajadores, tienen escaso acceso a crédito, tienen procesos productivos sencillos.

El experto se refirió a su campo de especialización, la seguridad social. No es que haya omitido lo referente a las necesarias reformas fiscales o en materia energética, pero tampoco peca de ignorancia, pues las distorsiones en el sistema de seguridad social son la principal causa del problema.

Un sistema asimétrico que privilegia a los no asalariados y castiga a los asalariados y a sus patrones. Y es que además de que los trabajadores formales pagan un IVA generalizado en la puerta de la fábrica -que no sería otra cosa que el impuesto sobre la renta-, deben pagar otro IVA con exenciones en la puerta de la tienda (no etiquetado, pero usado en parte para la seguridad social), mientras que los trabajadores informales no pagan IVA en la puerta de la fábrica y pagan un IVA igual al que pagan los formales en la puerta de la tienda.

¿Y si esos impuestos desaparecieran?, planteó Levy. Y sin más, propuso establecer un sistema de seguridad universal al que pudieran suscribirse tanto los trabajadores asalariados y los no asalariados, que les brindaría la protección médica (el paquete IMSS) y el acceso a una cuenta de ahorro para el retiro y un seguro de invalidez y vida con la cobertura que recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos.

Este paquete de beneficios se financiaría con un nuevo impuesto para la seguridad social universal (CSSU) que se cobraría al mismo tiempo que el IVA eliminando todas las exenciones, con una tasa única de 16 por ciento. Los trabajadores además tendrían acceso seguro de riesgos de trabajo igual al que reciben los trabajadores afiliados al IMSS; contribuciones complementarias para pensiones de retiro, y de invalidez y vida, y una pensión mínima de retiro garantizada, después de 25 años de trabajo.

¿Un despropósito? De ninguna manera, si se observan las corridas financieras presentadas por el experto. Esta reforma al sistema de seguridad social generaría ahorros por 44,000 millones de pesos útiles para amortiguar el impacto de la eliminación del impuesto estatal a la nómina y la absorción del pasivo laboral del IMSS, por el gobierno federal, dos medidas complementarias que darían sustentabilidad financiera a un nuevo esquema de esta naturaleza.

Los servicios de salud serían provistos por el IMSS y los gobiernos estatales. Además, los recursos públicos para la salud pasarían de 260,000 millones a 395,000 millones de pesos, un aumento de 52%, equivalente a 1.1% del PIB. Para los trabajadores informales, el aumento per cápita sería de 106 por ciento.

Las pensiones de retiro y las pensiones permanentes por invalidez y vida y riesgos de trabajo seguirían operando en el sistema de rentas vitalicias. El número de trabajadores ahorrando para una pensión de retiro aumentaría de 13 a 39 millones y los trabajadores asalariados con derecho a una pensión de invalidez y vida o de riesgos de trabajo aumentaría de 13 a 26 millones.

EFECTOS SECUNDARIOS

GESTOS. Con la representación presidencia, el secretario de Energía, Jordy Herrera, acudió al III Informe del gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés. Una decena de mandatarios estatales arroparon al priísta y entre ellos destacó el aliancista Rafael Moreno Valle, de Puebla, quien dio otra muestra de que su relación con el priísmo vive sus mejores momentos, lo mismo que Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza. Ambos saltaron de sus asientos cuando el gobernador Ortega se refirió elogiosamente al presidente electo Enrique Peña Nieto, quien hará del próximo -según su dicho- el sexenio de la infraestructura. Fue casi un acto reflejo, una expresión jubilosa de la multitud congregada en el centro de convenciones a la que tardó en sumarse el funcionario calderonista. Después de unos segundos eternos, Herrera se levantó de su asiento y aplaudió con fuerza.