Con 20 años de retraso, pero pieza fundamental para cumplir los ambiciosos objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, promulgada en junio del año pasado, el presidente Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Aunque esta iniciativa aún no ha sido enviada al Congreso, los de siempre han salido ya a descalificarla, aunque reconocen no haberla leído. Aparentemente, el primo de un amigo que tiene hemorroides les dijo que violaba lo establecido en la reforma constitucional, que favorecía a los poderes fácticos y que ellos, autodenominados la sociedad civil, estarían pendientes de que esta contrarreforma no se concrete.

Estimado lector, sin duda la batalla en el Congreso será muy fuerte, dados los multimillonarios intereses en juego, pero debemos tener muy claro quién patrocina a esas voces desinteresadas, cuyo único propósito es salvarnos de nosotros mismos, con una bondad que haría sonrojar a la propia Madre Teresa de Calcuta. No sé si usted opina lo mismo, pero cuando alguien se ostenta como representante de la sociedad, los usuarios, la audiencia, los pobres y demás abstracciones sin nombre y apellido, me da una profunda desconfianza, siento que me están ocultando algo y que hay alguien detrás que se beneficia con esa aparentemente desinteresada forma del activismo político y económico. Discúlpeme usted por ser mal pensado, pero hace tiempo que dejé de creer en las causas políticamente correctas. Por lo general, detrás de ellas, hay intereses económicos que nos quieren ver la cara.

Antes de opinar, debemos conocer el texto de la iniciativa y ver si atiende a los ambiciosos objetivos de la reforma constitucional; deberá, cuando menos, dar pleno sustento jurídico al otorgamiento de concesiones para dos nuevas cadenas nacionales de televisión y contemplar la creación de una tercera nueva, ésta de carácter público, que garantice la calidad de contenidos culturales y la pluralidad de voces.

En telecomunicaciones, la iniciativa deberá incorporar las mejores prácticas internacionales en interconexión, infraestructura compartida y desagregación de red del agente preponderante. Hace cerca de 20 años, en Estados Unidos y Europa se implementaron las medidas que hoy forman parte de la reforma y han permitido el desarrollo de sus mercados de telecomunicaciones, con mucha mayor calidad y mejores precios que los que hoy gozamos los mexicanos. Veinte años tarde, sí, pero es mejor tarde que nunca.

La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión deberá reglamentar la figura de agente preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, completamente novedosa en nuestro sistema jurídico, y establecer con precisión el procedimiento para la declaración de preponderancia y el alcance de la regulación asimétrica que se puede imponer a dichos agentes, dotando así al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) de atribuciones sólidas que garanticen la certeza jurídica.

Aquellos que se rasgan las vestiduras pidiendo que el Ifetel cumpla con la arbitraria fecha del 10 de marzo para declarar a los agentes preponderantes y e imponerles una regulación asimétrica, en realidad trabajan en beneficio de los propios agentes preponderantes, ya que sin el debido sustento legal, éstos podrán impugnar con éxito cualquier regulación asimétrica que el Ifetel les imponga. Esto únicamente retrasaría los beneficios de la competencia unos años más, en los que los agentes podrían seguir beneficiándose de las rentas monopólicas que la altísima concentración del mercado les ha otorgado ya por 20 años.

Esperar unas semanas hasta que exista el debido sustento legal para imponer la regulación asimétrica a los agentes preponderantes sería un importante acto de prudencia de los comisionados del Ifetel.