A vuela prensa el presidente Felipe Calderón anunció en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presentará una iniciativa para establecer un nuevo modelo policial, integrado por 32 policías estatales, con mando único y con el apoyo de la Policía Federal, lo que implica la desaparición de las policías municipales y la modificación de los términos constitucionales del municipio libre.

Quienes apoyan la iniciativa que surgió de la Conferencia Nacional de Gobernadores, alegan en abono que las 2,200 policías municipales, se encuentran mal preparadas, peor equipadas y con un alto índice de corrupción. De hecho, 68% de 160,000 policías municipales cuenta, en el mejor de los casos, con educación primaria y 40% tiene ingresos de entre $1,000 y 4,000 al mes, aunque lo que es peor aún es que 400 municipios no cuentan con cuerpo policial.

Se dice también que la existencia de policías municipales en condiciones lastimosas, permite la corrupción y la proliferación del contubernio de dichas corporaciones con el crimen organizado, lo cual fortalece la posición de que es necesario desaparecerlas para acabar con el cáncer.

Sin embargo, en la reforma anunciada, hay algunas consideraciones que es necesario poner sobre el tapete de la discusión.

Es riesgoso anunciar una medida como la que analizamos como infalible y con alcances absolutos en su resultado, pues nadie puede asegurar que las policías estatales que surjan de esta reforma estructural al sistema policial nacional serán eficaces, debidamente capacitadas e incorruptibles.

Crearemos eso sí, en cada entidad federativa un jefe policial poderosísimo con una serie de subalternos que si llegan a ser corrompidos provocarán que todo un estado de la República caiga en manos de los capos del narcotráfico.

Los antecedentes que tenemos en la materia policial, controvierten a las posturas optimistas y a los apologistas de esta reforma policial a nivel nacional. Lamentablemente no tenemos antecedentes que nos permitan inferir que los poderosos jefes policiales estatales que surjan, resistirán el poder amenazante y corruptor del narco. Tanto optimismo carece de sentido.

Por otra parte existen efectos colaterales que deberán de ser evaluados. Por ejemplo, una buena parte, no sabemos cuántos, de los 160,000 policías municipales, se encontrarán pronto desocupados, y pueden pasar a engrosar las filas del crimen organizado, utilizando la poca o mucha preparación que tienen y la información y conocimientos recabados a lo largo de sus años de servicio.

Si finalmente la reforma policial anunciada, que requerirá una modificación a nivel constitucional, se concreta, debe informarse a la opinión pública de todos los riesgos que conlleva, valorando debidamente sus alcances y asumiendo que la misma resultará efectiva si se logra que las policías estatales surgidas tengan la debida capacitación, apoyo técnico y material.

Es claro que los gobernadores de las entidades del país se muestren en favor de esta unificación policial, pues su poder y capacidad de organización y respuesta a nivel de seguridad pública, se verá fortalecida, pero aún no se escuchan todas las voces municipales del país, aunque algunas se comienzan a manifestar en contra de esta medida, la cual es tan fundamental, que valdría la pena tomarnos un momento de análisis y conocer la opinión de los expertos para valorar los pros y contras de una reforma de gran aliento.