Históricamente el sector eléctrico ha padecido diversas restricciones para su desarrollo, determinadas por la insuficiencia de los recursos públicos para financiar las inversiones de la CFE y, en su tiempo, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y por prohibiciones para la participación de la inversión privada.

Hasta antes de la reforma de 2014, el sector privado se encontraba restringido a actividades de producción independiente de energía para la CFE, mediante procedimientos de contratación competitiva, así como al desarrollo de proyectos de autoabastecimiento.

La reforma tuvo como objetivos estimular la competencia entre la empresa productiva del Estado y los competidores privados, para modernización del sistema, para lo cual se reformó la Constitución para permitir el capital privado en actividades de generación y comercialización, manteniéndose la exclusividad del Estado en despacho, transmisión y distribución. Para ello se crearon 9 leyes secundarias y se reformaron 12 más.

A la CFE se le dotó de autonomía y se estableció que sería la propietaria de la red de transmisión y distribución. Por su parte, el Centro Nacional de Control de Energía, operaría de manera independiente y sería el encargado del despacho en condiciones no discriminatorias, atendiendo a criterios de eficiencia operativa y económica.

La reforma previó el surgimiento de nuevos participantes en el mercado, entre ellos generadores, comercializadores, suministradores y usuarios básicos y calificados. Los generadores venderían su energía a través de contratos o en mercados spot o del día en adelante. Los precios estarían basados en costos variables, de tal manera que se permitiera a los productores la recuperación de los costos fijos. Entre los incentivos para estimular la inversión, se permitió a los permisionarios la obtención de ingresos adicionales provenientes de certificados de energía limpia, potencia y otros servicios.

De esta manera, estaba previsto lograr el cumplimiento del Acuerdo de París, según el cual en 2024 el 35% de la energía eléctrica generada en el país deberá provenir de energías limpias. El cambio tecnológico, que ha abaratado la producción de energías fotovoltaica y eólica, ayudaría a la reducción de costos, con lo cual sería posible reducir la diferencia de precios respecto del mercado de los EUA, que llegó a ser de más de 70% (eliminando los subsidios).

Finalmente el sistema sería más confiable, gracias a la inversión en mantenimiento y expansión de la red, que permitiría resolver un problema de pérdidas técnicas, que al momento de la reforma equivalían al 16% de la capacidad del sistema, cuando a nivel OCDE el promedio era de solo 6%. Ello sin hablar de las deficiencias conocidas en el cobro y facturación.

Esta reforma ha quedado suspendida en los hechos, por diversos acontecimientos ya conocidos. La nueva iniciativa de reforma al sistema, amenaza incluso con ampliar los problemas históricos, por las siguientes razones:

1.    La iniciativa representa una modificación radical de las reglas de juego, afectando los incentivos y el clima de confianza para la inversión privada.

2.    No hay garantías de una operación eficiente de la CFE. De hecho, han ocurrido cambios en la relación de la empresa con sus trabajadores, que significarán el desembolso adicional de recursos por concepto de pensiones y prestaciones, que dificultarán la viabilidad financiera de la empresa.

3.    No se percibe de qué manera se logrará un funcionamiento eficiente del sistema, que permita reducir los costos para los consumidores domésticos y las empresas.

4.    Probablemente no se cumplirán las metas de desarrollo sustentable.

5.    Es posible que haya un menoscabo sobre el valor de los activos de diversos fondos de inversión, incluidas las afores.

La última palabra la tiene el legislativo, que tendrá la responsabilidad de ponderar los argumentos en uno y otro sentido y ofrecer a la sociedad mexicana una alternativa sustentable de crecimiento basado en la eficiencia económica.

*Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

@javiernunezmel

Javier Núñez Melgoza

Consultor

Competencia y Mercados

Consultor en Competencia Económica y Regulación, además es profesor universitario.

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