Dije durante mi campaña presidencial que en la SEP se requería un verdadero Secretario de Gobernación para emprender la reforma educativa, responsabilidad primera en la agenda del nuevo gobierno y de formidable complejidad política. Los componentes obligados de la reforma que propuse en sí mismos son elocuentes de la magnitud del desafío: reestructura de todo el sistema de escuelas normales; evaluación universal autónoma, carrera profesional meritocrática y remuneraciones de acuerdo al desempeño; escuela de tiempo completo; instalaciones de calidad; énfasis curricular en pensamiento lógico, matemáticas, informática, valores cívicos e inglés como segunda lengua; la escuela como espacio de integración social y familiar, y formación de empresarios y vinculación al aparato productivo.

Casi todos los elementos anteriores coinciden con la iniciativa de reforma educativa presentada por el presidente Peña Nieto el lunes pasado. El primero (las escuelas normales) es probablemente la piedra angular de los demás. Está claro, de acuerdo con la experiencia educativa en México y en el mundo, que la calidad de la educación depende esencialmente de dos cosas: la calidad de los maestros y el entorno socioeconómico de los alumnos (alimentación, vivienda, ambiente familiar y educación de los padres, lo que queda fuera del alcance de las políticas meramente educativas).

Pero en nuestro país es en las escuelas normales rurales y en organizaciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y parcialmente Chiapas, donde se atrincheran y resisten ferozmente intereses y fuerzas políticas contrarias a la calidad docente. La historia de las normales rurales se remonta al cardenismo, mientras que la beligerancia reaccionaria de las organizaciones de maestros en esos estados se explica, por un lado, a partir de una tradicional dinámica radical y subversiva que en ellos se recreó durante la segunda mitad del siglo XX.

Por el otro lado, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, signado por el entonces Presidente Salinas de Gortari, los gobernadores de los estados y el propio SNTE. Tal momento es importante, dado que, en el contexto del Acuerdo, se entregaron secciones sindicales en esos estados a grupos radicales disidentes hoy agrupados en lo que se denomina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No sólo eso. Por ejemplo, en Oaxaca, el gobierno estatal ha aceptado que los maestros queden al margen de toda evaluación y proceso de calidad promovidos por la Federación, y les ha cedido el diseño y la gestión de la política educativa, así como posiciones clave en entidades de la administración pública, y salarios y prestaciones privilegiadas, en un permanente juego de chantajes, movilizaciones, bloqueos, paros y violencia.

Recuérdese también que en las normales rurales de Guerrero (como Ayotzinapa), además de recurrentes expresiones violentas, se han forjado tanto célebres guerrilleros en los años 60 del siglo XX, como cuadros actuales del EPR y de su escisión el ERPI, al igual que el no menos célebre Servando Martínez La Tuta. Éste, fundador y líder de La Familia Michoacana, reciclada ahora en Los Caballeros Templarios. Dicho sin rodeos, el magisterio formado en las normales rurales de Guerrero ha estado asociado a la guerrilla y a organizaciones dedicadas al narcotráfico y, por supuesto, a demandas explosivas de entrega automática de plazas para egresados de las normales.

En Michoacán, no se han quedado atrás los maestros de la CNTE y han logrado que el gobierno del estado les transfiera rentas jugosas como resultado de una temible extorsión política, lo que hoy ha contribuido a la abultada e inexplicable deuda que dejó la administración anterior de esa entidad federativa, en estos momentos al borde del colapso financiero. El nuevo gobierno del Estado decidió desmantelar redes de corrupción y se rehusó a pagar la extorsión, y ello desató la violencia protagonizada por normalistas michoacanos apoyados por docentes de la CNTE de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, excusados con su oposición a la reforma curricular, que pretendía enseñar inglés e informática en las escuelas normales rurales, apenas en agosto de este año. El resultado: robos, secuestros, ataques a infraestructura pública, incendio de vehículos, bloqueos de carreteras, asalto a tiendas y negocios. El gobierno reculó parcialmente ante la amenaza de una cada vez más extensa coalición entre normalistas y maestros disidentes, y numerosas organizaciones del ecosistema radical y de izquierda que pueblan el escenario político nacional.

Entonces, el tema de las normales y de la formación de maestros de calidad es vital pero harto complejo políticamente, va más allá de lo estrictamente educativo; es un problema de gobierno, de legalidad y Estado de Derecho, y de seguridad pública. Hay que afrontarlo.

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