En México, los órganos reguladores más importantes se caracterizan por su incapacidad para cristalizar a plenitud los objetivos para los que fueron creados. Parte importante del problema es de diseño institucional; es imposible cumplir con un mandato si no se tienen los poderes y herramientas necesarios. Dicho en términos coloquiales: no se le pueden pedir peras al olmo . Los reguladores mexicanos son frágiles de origen y así permanecen (salvo el reciente reforzamiento hecho a la Comisión Federal de Competencia), lo que ofrece un campo fértil para generar propuestas legislativas con el fin de fortalecer, en lo general y específico, al órgano regulador mexicano.

Reguladores como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro comparten las siguientes características: regulan directamente a los particulares, intervienen en sectores económicos de alto impacto y corrigen o mitigan fallas de mercado.

Es precisamente en estos casos donde la autoridad reguladora debe mantener una sana distancia respecto del gobierno al que pertenece, así como resistir embates y presiones de los diversos grupos de interés. Asimismo, donde la complejidad y dinamismo de los temas exigen un desempeño gubernamental diferenciado. Según se aprecia en las experiencias internacionales más exitosas, sólo una forma especial y continua de control, bajo el cobijo de un diseño institucional robusto, permite un actuar eficaz y eficiente.

Los principales reguladores económicos han encontrado cabida en la figura de órganos desconcentrados, es decir, órganos que forman parte de y están jerárquicamente subordinados a las secretarías de Estado. Aunque en algunos casos el regulador es un desconcentrado atípico, en el sentido de que ejerce atribuciones cuyo ejercicio no apela ante instancias superiores, la figura resulta obsoleta para los reguladores económicos ya que, entre otras cosas, disminuye la autonomía por la vía jurídica, administrativa y presupuestal.

Por otra parte, la figura de organismo descentralizado es inadecuada porque responde a la lógica empresarial, promocional o de asistencia social (lo que puede limitar en lo jurídico la función de autoridad). El descentralizado opera de forma relativamente aislada del gobierno central porque la naturaleza de su función no requiere de un mayor grado de permeabilidad. Los reguladores no necesitan personalidad jurídica sino atribuciones, ni patrimonio propio sino presupuesto. Muy por el contrario, dichos atributos podrían imponer una carga administrativa ociosa. Contrario a lo que a veces se piensa, la figura no asegura ni potencializa la autonomía, sino que inclusive podría disminuirla (mediante las figuras de la sectorización y juntas de gobierno).

Entre las actuales figuras que contempla nuestro sistema jurídico no existe alguna que satisfaga las necesidades del regulador y que logre un equilibrio entre un nivel adecuado de autonomía y la pertenencia armónica a un gobierno con unidad de acción y propósito. Así, resulta necesaria la creación de una nueva figura en la Constitución Política, idealmente parte de la administración pública centralizada, cuyas bases, incluyendo arreglos especiales en materia de autonomía, atribuciones y rendición de cuentas, serían instrumentadas en las leyes. Este caparazón institucional único sería el primer paso; el segundo, asegurar las facultades adecuadas para cada regulador.

La rectoría económica moderna se da mediante órganos reguladores, por lo que resultaría válido crear entidades con autonomía reforzada cuando la realidad lo exige.

La pertenencia de órganos con autonomía especial no sería incompatible con la pertenencia a la administración pública centralizada, tradicionalmente vista como un conjunto de órganos que dependen jerárquicamente unos de otros. El que los reguladores tengan autonomía funcional no quita que el Ejecutivo pueda y deba ejercer su jerarquía – necesaria a cierto nivel para evitar feudos regulatorios - a través de los poderes de nombramiento, remoción, vigilancia y disciplina, entre otros.