Recuperar la inversión pública

Uno de los problemas más graves que aquejan a la economía nacional es, sin duda, la propensión decreciente de la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

Éste puede ser visto como un tema de coyuntura económica, como interacción simultánea de circunstancias especiales, o como un tema de estructura económica. 

Lo cierto es que durante el período 2015-2019 el coeficiente de inversión pública promedió sólo el 3.2 por ciento, hecho que contrasta con la tendencia histórica de 4.5 por ciento durante 2001-2014. En contraste, el coeficiente de inversión privada ha sido más elevado, de 16.7 por ciento en ambos períodos y de 19 por ciento durante 2015-2019, sin que ésta necesariamente haya podido compensar del todo la disminución en la inversión pública. 

La disminución de la inversión pública entre 2015 y 2018 se debió en gran parte a un espacio fiscal cada vez más estrecho, resultado del impulso que se dio al gasto financiado con deuda pública, en el contexto de brechas ingreso-gasto negativas. Lo anterior resultó, a fin de cuentas, en una disminución del gasto programable, incluido el gasto en inversión, y en el aumento correspondiente en el gasto no programable provocado por el aumento en los requerimientos financieros del sector público.  

La inversión pública, además de haber disminuido en los últimos años, también ha adolecido de falta de calidad, relacionada directamente con dificultades de planeación, técnicas y administrativas que todo programa y proyecto de inversión pública debe superar. Recordemos que este problema sorprendió al mismo Lord Keynes, quien subestimó las dificultades inherentes a éstos, las cuales no son ni teóricas ni conceptuales, sino que tienen que ver con una correcta planeación, programación y ejecución de las inversiones, tanto públicas como privadas y con asociaciones público-privadas. 

Cuanto mayor sea la escala de los proyectos de inversión emprendidos, tanto más serán sus dificultades. Este hecho es reconocido en la Ley de Obras Públicas y en su Reglamento al definir obras de gran complejidad como “aquellas que su ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad”.

Siendo México una economía emergente prominente por su gran potencial, las inversiones públicas deben recuperar un lugar protagónico que impulse y complemente de manera estratégica a la inversión privada. En su gran mayoría, estas inversiones serán de gran complejidad, pero este impulso debe cuidar la calidad de la inversión pública ya que ésta tiene como principal misión brindar servicios de transporte, suministro de agua, eliminación de residuos, telecomunicaciones, energía y servicios sociales, entre otros, con infraestructuras de larga duración que deberán contribuir a crear resultados económicos y sociales positivos por varias décadas. 

Recordemos las criticas vertidas por el notable economista Ezra Mishan en los años 60, al advertir en su libro “The Cost of Economic Growth”, que el incremento en el Producto Interno Bruto y en el ingreso real se pueden dar a costa del bienestar social y la degradación ambiental si los proyectos de inversión están mal diseñados, mal concebidos y se ejecutan con deficiencias.