Como parte de la reforma política, se incluyó la ratificación de la designación de los comisionados de los órganos reguladores por parte del Senado de la República. Se afirma que en el dictamen correspondiente, El proceso de modernización del Estado mexicano y sus instituciones , un sitio destacado lo ocupan los órganos reguladores y que, quienes lo suscriben, coinciden en la necesidad de encontrar una fórmula de equilibrio entre las facultades del Ejecutivo en materia de designación de los comisionados y la intervención, a su juicio indispensable, del Congreso para contar con un mecanismo de pesos y contrapesos que eviten la discrecionalidad y abuso del Presidente de la República en el ejercicio de tan alta responsabilidad .

Resulta interesante recordar que este proceso de modernización que impulsa el Senado se discutió hace 94 años con motivo de la promulgación de la Constitución de 1917; en efecto, en la 45ª Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de enero de 1917, se dio lectura al dictamen relativo al Poder Ejecutivo que comprende todas las disposiciones que van a la integración y funcionamiento de dicho Poder.

Una de los debates más memorables se dio precisamente respecto del artículo 89 constitucional entre los diputados que defendían el sistema presidencial y los que promovían el sistema parlamentario. La discusión se centró en la intervención de las cámaras en el nombramiento de los secretarios del despacho por parte del Presidente de la República (no existían los órganos reguladores) y se descartó dicha intervención porque el Congreso Constituyente comprendió que no podía existir un sistema híbrido entre los sistemas presidencial y parlamentario, y que la intervención del Congreso no traía ningún beneficio a la colectividad mexicana. El resultado sería un desastre y un caos político . Una de las partes más interesantes del debate indica lo siguiente:

El Presidente de la República es el único capaz de seleccionar sus ministros, el único capaz de escoger a todos aquellos que actuarán dentro de una unidad de acción como base de gobierno, con el criterio del Poder Ejecutivo; si nosotros dejamos esa facultad al Congreso de la Unión, la de elegir el ministerio, entonces, ¿qué acontecerá? Se despierta la política, pero no sólo la política ciencia, basada en la experimentación, sino la politiquería y la intriga que la hacen caldear hasta el rojo blanco, hasta el rojo vivo, las pasiones humanas, despertando el deseo sin límites de figurar, y en ese Congreso de la Unión, señores diputados constituyentes, existirá una enorme ambición de poder; los representantes sólo lucharán por ocupar tal o cual ministerio y entonces la intriga caerá, pues seguramente en un momento dado ganarán unos y en otro momento ganarán otros. El vencido jamás se conformará, porque, ¿podemos acaso contar con una Cámara uniforme? No".

Si traemos estos conceptos a la actualidad, resulta interesante imaginarse lo que podría pasar cuando se adopta una institución de manera parcial, esto es, una ratificación por parte de Senado sin límite alguno y, al mismo tiempo, sin un Congreso que tenga equilibrios en sus fuerzas políticas, como ejemplo de esto último podemos apreciar el caso español donde hasta el 7 de mayo pasado llevaban tres años de retraso en la renovación de tres consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por falta de consenso entre los principales grupos políticos.

En órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en la que los entes regulados pueden tener una alta influencia sobre los grupos parlamentarios, que por esta disposición constitucional podrían rechazar los nombramientos de los comisionados hechos por el Ejecutivo sin explicación alguna y sin limitantes, la figura de la ratificación podría convertirse en el vehículo perfecto para la captura regulatoria en la que sólo llegarían a ser miembros de los órganos reguladores aquellas personas con las que las empresas reguladas se sientan cómodas. Lo paradójico del asunto es que el Ejecutivo Federal seguiría siendo el único responsable del desempeño de dichos comisionados.

Es indispensable aprender de la historia. Los antecedentes que existen en México respecto de la participación del Congreso en los nombramientos de los comisionados de los órganos reguladores no son dignos de aplauso, la visión del Constituyente de 1917 sigue siendo válida, por lo que en el caso de que se decida otorgar esta nueva facultad al Senado, es indispensable que se establezcan límites a la figura de la ratificación para que los legisladores rindan cuentas de dicho ejercicio y tengamos un México en el que prevalezca la política ciencia y no la politiquería , como sabiamente el Congreso Constituyente lo advirtió hace casi 95 años .

*El autor es actualmente comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.