Toda persona física tiene derecho de acceso a la información y de protección de sus datos personales, mientras que toda aquella que reciba recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas en términos del Artículo 6o constitucional y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este contexto, conforme al padrón elaborado por el INAI, hay alrededor de 27 millones de personas físicas y aproximadamente 11,000 personas morales, aunque en el primer caso podrían restarse algunas duplicidades y homonimias en tanto que dicho registro se enlista con los datos enviados por los sujetos obligados del ámbito federal encargados de la distribución de los recursos públicos.

Los sujetos obligados referidos son dependencias gubernamentales como: Sedesol, que desarrolla y administra diversos programas sociales, entre ellos PROSPERA, para beneficiarios individuales; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, por citar sólo algunos de los programas sociales y asistenciales financiados con recursos públicos.

En el caso de personas morales beneficiarias también pueden citarse a manera de ejemplo, a las asociaciones civiles como la Cruz Roja Mexicana, la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención Oportuna del Cáncer de Mama y la Academia Mexicana de Computación, que reciben apoyos económicos provenientes del erario.

En todos estos casos, el INAI, que debe recabar la información, tiene atribuciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones que estipula la ley en la materia, así como para sancionar su inobservancia.

Los millones de beneficiarios tienen derecho a la protección de sus datos personales, muchos de ellos sensibles en tanto que se toman sus huellas dactilares, por lo que el manejo de éstos debe circunscribirse puntualmente a la finalidad para la cual fueron obtenidos y siempre voluntariamente. Los datos que la ley llama “sensibles” corresponden a aquellos cuya divulgación podría afectar el derecho humano de igualdad; es decir, podrían ser factor de discriminación, verbigracia, la información genética, las preferencias sexuales o las opiniones políticas, las ideologías o creencias religiosas.

Se trata de datos que afectan la esfera más íntima del titular y deben utilizarse y resguardarse con estricto apego a la normatividad nacional que emana de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por México para proteger el derecho humano a la privacidad.

La manipulación o el uso indebido de los datos personales o el incumplimiento a los derechos de las personas para acceder, rectificar, cancelar u oponerse a su uso (conocidos como derechos ARCO), son sancionables. Esto da cuenta, según la ley aplicable, de los riesgos que conlleva dar información personal que pueda ser utilizada con fines electorales, como sería el caso de recabar firmas como requisito para alcanzar un registro como candidato independiente o para recibir algún beneficio social o asistencial.

Hay que tomar en cuenta que en ocasiones suelen pedirse algunos datos que no son pertinentes para el objetivo directo, que suelen darse sin mayor preámbulo; ocurre, por ejemplo, al hacer una cita profesional, al efectuar una compra o solicitar un pedido sea personalmente o vía telefónica o Internet. Por ello es importante que cada persona cuide sus datos personales y esté informada plenamente para qué van a ser utilizados.

Además, también debe advertirse que dichos datos pueden tener un valor económico, social o hasta electoral que puede aprovechar un tercero de manera ilícita. ¡Cuidado! Los datos personales no deben ser canjeables.