Se ha observado en el gobierno una conducta recurrente de soslayar la letra y el espíritu de la ley en el desarrollo de sus megaproyectos emblemáticos. Para la refinería de Dos Bocas se hicieron trabajos ilegales (que constituyen delitos ambientales, hasta ahora impunes) de desmonte de selvas y manglares, además de carecer de una autorización federal en materia de impacto ambiental. Recientemente, se ha ingresado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada sobre las rodillas que no cumple con los mínimos requeridos por la legislación. Para el Tren Maya, se iniciaron trabajos con maquinaria pesada, también sin una MIA indispensable exigida por la ley, aunque se recurrió a una ridícula ceremonia pagana para “pedirle permiso a la Madre Tierra”. En el caso de Santa Lucía, se llevó a cabo una MIA que ha recibido críticas demoledoras por parte de expertos, en particular de la propia Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA). Cabe señalar que en todos estos proyectos se carece de planes maestros, estudios de factibilidad, estudios de mercado, proyectos ejecutivos y de ingeniería básica. Sin ellos es imposible —racionalmente— iniciar un proyecto y desarrollar una MIA que cumpla con las disposiciones legales y con estándares adecuados de calidad. Sin una MIA autorizada por la Semarnat no puede llevarse a cabo ningún tipo de trabajo físico en los sitios designados para los proyectos. El análisis del caso Santa Lucía arroja luz sobre los problemas que enfrenta el gobierno para lograr la aprobación de sus proyectos en materia de impacto ambiental.

En Santa Lucía se carece de un plan maestro de desarrollo y de los estudios de viabilidad aeronáutica como lo exigen los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El proyecto se basa esencialmente en un informe preliminar de la empresa Navblue, el cual reconoce que “no proporciona ninguna conclusión definitiva sobre la viabilidad de convertir la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto civil internacional en operación simultánea con el actual AICM”. De acuerdo a la AMIA, la MIA de Santa Lucía entregada a la Semarnat omite evidencia técnica y ambiental fundamental. Las aseveraciones que contiene se basan en percepciones subjetivas, y no en datos objetivos duros y trabajos de campo.

A pesar de ser una MIA en su modalidad regional (la modalidad más compleja y de mayor alcance espacial), omite abordar adecuadamente la acumulación de impactos que tendría el proyecto en conjunto con los ya producidos por la construcción del NAIM en Texcoco, por la operación simultánea de Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca y el actual AICM, y por las nuevas vías de comunicación que deben de ser construidas entre los tres. Al no existir un plan maestro y un proyecto ejecutivo, no ofrece información completa respecto a los componentes del proyecto, como son las características, dimensiones, separación y orientación de las pistas; número de operaciones, y presencia del Cerro de Paula. Tampoco presenta estudios adecuados de geotécnica, mecánica de suelos, y ruido. Se omite información sobre la infraestructura proyectada para la nueva zona militar, así como de costos, componentes y acciones asociadas a su construcción. Sobre la demanda de agua no hay estudios ni modelaciones, a pesar de que esta será muy significativa y que sería satisfecha en un acuífero ya sobreexplotado, como es el de Cuautitlán-Pachuca. La carencia de toda esta información no permite construir una metodología de identificación, evaluación, y descripción de los impactos ambientales significativos del proyecto.

Los inventarios de flora y fauna son muy deficientes, y no se llevaron a cabo estudios suficientes de aves, a pesar del riesgo de interacciones entre aves y aeronaves y la cercanía del lago de Zumpango. No se especifican volúmenes aproximados, impactos por el movimiento de tierras, ni disponibilidad de materiales en el contexto del Sistema Ambiental Regional. No hay modelaciones ni estudios sobre la carga de contaminantes atmosféricos que representará la operación de dos aeropuertos de manera conjunta, así como de grandes obras viales que deberán conectarlos. Las consideraciones en materia de cambio climático son erróneas (Protocolo de Kioto en vez de los compromisos ante el Acuerdo de París). Tampoco se describen las acciones y tecnologías para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Se talarán cerca de 5,200 árboles, y se afectarán zonas importantes de pastizales halófilos nativos en lo que fue también el lecho de un lago (Zumpango). Esto exige un procedimiento de cambio de uso del suelo forestal que no está contemplado en la MIA. Se ignora el destino que se le dará al escombro producto de las demoliciones, y omite mencionar si existen sitios de tiro autorizados. En general, no existe una definición clara de los impactos detectados, sólo se exponen los distintos factores ambientales y se diserta con generalidades sobre posibles afectaciones.

La Semarnat ha pedido información adicional, pero esta MIA es irreparable. Debe ser rechazada.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.