No sorprende que el gobierno de Estados Unidos haya propuesto utilizar casi el doble, 500 MHz de espectro, para satisfacer la demanda de acceso móvil a servicios de banda ancha.

Y es que hoy, la infraestructura crítica para la operación económica, productividad, competitividad y el bienestar social, la constituyen las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

El espectro radioeléctrico, así como las redes físicas, los equipos de transmisión y recepción, torres y antenas, entre otros, forman parte de ese capital que subyace y habilita la operación del sector de las telecomunicaciones convergentes en su conjunto.

El déficit de infraestructura que padecemos en México tiene dos dimensiones.

La primera se refiere a la falta de infraestructura que provea servicios a la demanda nacional a precios competitivos; mientras que la segunda apunta a la subutilización del espectro o infraestructura existente en manos del gobierno. Por ello, su no utilización representa un costo de oportunidad social y un desperdicio fiscal en términos de recaudación de corto y mediano plazos.

Dado lo anterior y por medio de las licitaciones de espectro radioeléctrico 20 y 21 que se están llevando a cabo, se subastan 120 MHz a nivel nacional para las bandas 1.7 y 1.9 GHz, con excepción de 30 MHz en la región 8 para la de 1.9 GHz.

Estas licitaciones reservaron dos bloques de 30 MHz a nivel nacional de la banda 1.7 GHz, y adicionalmente impusieron un tope de acumulación de espectro en específico; el pleno de la CFC estableció un límite de acumulación de espectro (cap) de 80 MHz para las bandas de 800, 1700 y 1900 MHz. En otras palabras, al final de la licitación, ningún participante deberá acumular más de 80 MHz en estas frecuencias.

Considerando el escenario al cierre de la ronda 55, las pujas de los operadores se encuentran 7.4 veces por encima de la postura inicial fijada por el INDAABIN, el órgano de gobierno encargado de administrar y valuar los bienes de la administración pública federal.

Es claro que la puesta en funcionamiento y asignación del espectro radioeléctrico debe ser un elemento que contribuya a la promoción de la sana y efectiva competencia en el sector de las telecomunicaciones para, a su vez, detonar sus efectos en términos de cobertura, calidad y precio.